En el actual contexto electoral y sindical, se ha hecho frecuente el uso —y en muchos casos el abuso— de discursos cargados de incertidumbre dirigidos especialmente a los docentes provisionales, en medio de disputas internas dentro de la ADE que dicen defender derechos que, en teoría, pertenecen a todo el magisterio. Sin embargo, existen múltiples situaciones que requieren una revisión profunda y honesta.

1.Jornadas de la tarde y falsa justificación de la jornada única

Las jornadas de la tarde se están cerrando, no necesariamente como resultado de la  implementación de la jornada única, sino principalmente por la disminución de la matrícula estudiantil. Este fenómeno no puede seguir ocultándose bajo discursos técnicos cuando la realidad es demográfica y social.

2.Desdibujamiento de la profesión docente

Se ha instalado una narrativa de “resignificación docente” en la que cualquier profesional puede acceder al cargo docente mediante un concurso de méritos, lo cual lleva a una  pregunta inevitable:

¿Qué sentido tienen entonces las licenciaturas ofrecidas por las universidades?
Si la formación pedagógica no es un requisito central, se desvaloriza la carrera docente y se envía el mensaje de que enseñar no requiere preparación específica, sino únicamente un título profesional cualquiera.

3.Calidad educativa sin condiciones reales

El discurso oficial insiste en la “calidad educativa”, pero esta exigencia se hace sin  garantizar condiciones mínimas:

• falta de recursos tecnológicos,
• ausencia de equidad en las evaluaciones estandarizadas,
• desconocimiento de los contextos sociales y culturales,
• aulas con más de 35 estudiantes con diversas dificultades cognitivas, emocionales y sociales.

Evaluar bajo los mismos criterios realidades profundamente desiguales no es calidad: es inequidad institucionalizada.

4.Provisionalidad, planta docente y desorden administrativo

Sin ánimo de deslegitimar a ningún docente, se plantea que debe garantizarse el trabajo de los docentes provisionales; sin embargo, persiste una contradicción grave: existen docentes de planta sin ubicación.

Esto responde, en muchos casos, a problemas de planeación, desorden administrativo y desajustes entre cobertura y áreas de formación, responsabilidad directa de las Secretarías de Educación, no del docente.

5.Estigmatización y prácticas poco éticas

Es doloroso reconocer que en algunos contextos —especialmente en el sector privado— el solo hecho de haber trabajado en el sector público se asocia con “malas prácticas”. Así  mismo, no puede ignorarse que existen conductas antiéticas dentro del gremio: incapacidades injustificadas, uso indebido de procesos psicológicos y médicos, y dinámicas que terminan cerrando oportunidades laborales a otros colegas.

No se generaliza ni se acusa al conjunto del magisterio, pero negar estas realidades tampoco contribuye a la dignificación de la profesión.

6.Listados de retén y falsa sensación de estabilidad absoluta

Los listados de retén, defendidos históricamente por la ADE para proteger a docentes con condiciones especiales (enfermedad, madres cabeza de familia, entre otros), son una conquista legítima.

No obstante, algunos han interpretado estos mecanismos como garantías absolutas e inamovibles, lo cual no corresponde a la realidad jurídica ni administrativa.

DIGNIFICAR LA CARRERA DOCENTE

Sí, debemos salir a luchar. Pero no solo por la estabilidad laboral, sino por:

• Reducción del número de estudiantes por aula,
• Condiciones dignas de enseñanza,
• Reconocimiento real de la formación pedagógica,
• Defensa del valor del licenciado como profesional especializado.

Dignificar la carrera docente implica que esta no sea un “coladero” laboral ni una alternativa de última instancia para otros profesionales. Esto no significa excluir a quienes  no son licenciados, pero sí establecer reglas claras y responsables para el acceso a la  profesión.

Si un ingeniero, abogado u otro profesional aspira a ejercer la docencia, debe contar previamente —antes de presentar cualuier concurso de méritos— con un proceso académico formal, riguroso y certificable de formación pedagógica que legitime su capacidad para enseñar. La pedagogía no puede ser un complemento posterior ni una  formalidad administrativa, sino un requisito estructural del ejercicio docente.

De lo contrario, se envía un mensaje profundamente nocivo: que enseñar no requiere preparación específica y que la formación universitaria del licenciado es prescindible. Llevada esta lógica al absurdo, equivaldría a permitir que un licenciado ejerza como ingeniero, contador o veterinario sin formación técnica previa.

La docencia no es un plan B. Es una profesión que exige formación pedagógica especializada, experiencia y responsabilidad ética.

CONCURSOS Y MÉRITO: LA PREGUNTA INCÓMODA

¿Qué nos falta a los docentes provisionales en ejercicio para superar un concurso de méritos?

¿Cómo compite un docente con experiencia real en aula frente a un profesional que nunca ha ejercido la docencia?

Sí, existe rosca. Pero también existen casos de mérito, esfuerzo, suerte y resistencia. El  problema no es el concurso en sí, sino qué se evalúa, cómo se evalúa y a quién  beneficia.

CONCLUSIÓN

Debemos pelear, sí. Pero con argumentos, no como títeres de discursos ajenos.
Exigir calidad implica exigir condiciones.
Exigir mérito implica valorar la formación pedagógica.
Exigir derechos implica también asumir responsabilidades éticas.

La dignificación del docente no se decreta:
se construye, se defiende y se argumenta.

SOPORTE NORMATIVO

• Constitución Política de Colombia
  • Art. 67: La educación es un derecho fundamental y un servicio público con función social.
  • Art. 68: Reconoce la profesionalización de la actividad docente.
• Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación)
  • Art. 104 y 105: Reconocen la formación pedagógica como base del ejercicio docente.
• Decreto Ley 1278 de 2002
  • Regula el Estatuto de Profesionalización Docente.
  • Establece concursos de mérito, pero también ha sido cuestionado por no ponderar suficientemente la experiencia pedagógica.
• Decreto 490 de 2016 y normas sobre provisionales
  • Reconoce la figura del docente provisional como respuesta a necesidades del servicio, no como irregularidad.
• Ley 715 de 2001
  • Responsabiliza a las entidades territoriales de la correcta administración de la planta docente.