Hace algunas semanas el ministro del interior Alfonso Prada anunció que el gobierno nacional suspendía el decreto 2657 del 31 de diciembre del 2022 con el que se iniciaba un cese al fuego con el ELN por un periodo de 6 meses, es decir, solo ocho días después de emitirse el decreto, lo que evidencia entre otras cosas que existe una descoordinación entre el gobierno nacional y el ELN dentro de la negociación que se adelanta, sin embargo la postura de muchos detractores de la “paz total” ha sido deslegitimar la mesa de diálogo por no considerar al ELN como una fuerza política en armas, tan solo una estructura criminal, así mismo, desarrollando la idea de manera distinta pero llegando al mismo punto de síntesis, algunos miembros del Pacto Histórico colocan en duda la vocación política del ELN a raíz de sus declaraciones, en un intento de presionar al ELN para que rápidamente sea parte de un cese al fuego bilateral.
El presidente del Senado de la Republica y congresista del Pacto Histórico Roy Barreras hace algunos días intentó mostrar que algunos de los actuales grupos insurgentes en Colombia están en la delgada línea a convertirse en criminales pura sangre, en efecto Barreras trinó:
“el ELN empezó su insurgencia hace 60 años, con unas ideas de exigencias sociales (…) o pasan a la historia como una guerrilla que se degeneró en el narcotráfico”.
De la misma manera que el Senador del Pacto, otros analistas conciben que en el actual contexto de conflicto armado las estructuras militares ilegales que existen son estrictamente criminales y no tienen un aspecto político. En esa dirección se está empantanado la discusión en torno a cuál es el grado político del ELN y otras estructuras armadas ilegales como la segunda Marquetalia y las disidencias de alias “Iván Mordisco”, y sus implicaciones a la hora de negociar con ellos, dejando en segundo plano lo medular, construir declaraciones conjuntas de cese al fuego bilateral que se mantengan definitivamente en el tiempo.
No es difícil encontrar ciudadanos colombianos e inclusive algunos académicos que en su momento plantearon que las FARC-EP y el ELN ya no eran revolucionarios y/o políticos por que habían ingresado al narcotráfico, es decir, su lucha se había alejado de altruistas acciones revolucionarias. A pesar de lo que nos dicen nuestros hábitos de pensamiento consolidados, los anteriores argumentos son falsos o por lo menos insuficientes, pues ni la guerrilla antes del narcotráfico desarrollaba actividades estrictamente políticas y revolucionarias, ni tampoco después del narcotráfico la guerrilla se dedicó estrictamente a amasar fortunas y a darse vida de capos; a pesar de que evidentemente en la guerra se capturan rentas ilegales y esto es una gran motivación para los señores de la guerra.
Para algunos centros de pensamiento como el CINEP, lo que lleva ocurriendo en Colombia desde hace tiempo es “una vieja guerra en un nuevo contexto”, siguiendo está idea lo que hoy existe con respecto a los grupos armados ilegales como el ELN y otras organizaciones armadas ilegales son emprendimientos armados regionales, articulados con economías primarias e ilegales que tienen sus reivindicaciones políticas en el mundo rural y premoderno, puede que la sociedad civil crea estas reivindicaciones políticas o no, pero al parecer el personal que combate y muchas personas que provienen de lugares de adhesión social del ELN y otras estructuras armadas ilegales sí creen en eso.
En este mundo rural, la presencia de las agencias no militares del Estado continúa siendo significativamente débil, no es gratuito que en estos lugares el conflicto armado se haya reactivado plenamente, este mundo rural hace referencia a las zonas del sur del Pacifico, Tapón del Darién, zonas de frontera con Venezuela y Ecuador, parte de la macroregión y la región del Catatumbo. Según la ONG Human Right Watch las cifras de violencia ya están llegando en Colombia a las dimensiones en las que se encontraba el país antes del Acuerdo Final de Paz con las FARC, en el año 2022 se produjeron 96.000 desplazamientos, decenas de confinamientos, 60 masacres, y 500 reclutamientos forzados de niños.
De esta manera se ha develado lo verdaderamente importante, más allá del componente político que puedan o no tener el ELN u otras estructuras armadas ilegales en Colombia, lo que en verdad importa es contener la guerra en los lugares en los que se reactivó plenamente.
No es facil conseguir la paz en este pais que lleva tantos años en conflicto; esperemos que el gobierno actual tome medidas oprtunas en el escenario real y no pensando con el deseo solamente.
Excelente articulo.