La relación entre la educación la pandemia es un tema de análisis actual. La virtualización forzada y la precaria situación del país para enfrentar el virus, produjeron una práctica pedagógica debilitada por la brecha digital, el acceso a equipos tecnológicos y manejo y uso de TIC.
La pandemia actual ha mostrado las arenas movedizas que sostienen el sistema mundial. Asistimos a una crisis civilizatoria de alcance planetario que enfrenta al ser humano con su existencia, su papel en el planeta y su naturaleza social y racional.
En Colombia, como dicen los abuelos, se juntaron “el hambre y las ganas de comer”. En uno de los momentos más difíciles para la humanidad, el país tiene uno de sus peores gobiernos. Sobra repetir las estadísticas de la pandemia en materia de fallecimientos, cifras económicas vergonzosas, calamidad social, corrupción a la carta y violación de derechos por parte del Estado.
En el escenario de contradicciones sociales provocado por la pandemia, el debate de la educación pública ocupa un lugar central. La virtualización forzada y la precaria situación del país para enfrentar el virus produjeron una práctica pedagógica debilitada por la brecha digital, acceso a equipos tecnológicos y manejo y uso de TIC.
Más grave fue la visibilización de la grave situación socio – económica de muchas familias que perdieron sus medios de sustento económico como empleos o negocios, además del fallecimiento de sus seres queridos.
Recordemos que los estratos 1 y 2 –de donde provienen la mayoría de los estudiantes de los colegios públicos– tuvieron las tasas más altas de hospitalización (93% – 56.3%) y fallecimientos (25.5%- 36.3%). Muy superiores a otros estratos de población.
A la par de esto, se incrementaron los casos de violencia intrafamiliar, de género, de suicidio y los problemas de salud mental. Esta realidad aún espera ser objeto de investigación, junto con las secuelas sicológicas para la niñez y la infancia colombiana.
En este contexto, los sindicatos regionales de maestros vienen desempeñando un papel fundamental en la exigencia de las condiciones mínimas y verificables para garantizar el regreso a la presencialidad escolar. Sin embargo, algunos detractores, desde el desconocimiento o el oportunismo, pretenden debilitar las organizaciones sindicales de los maestros.
Estas voces en contra del magisterio han posicionado la idea de que no se ha vuelto a la presencialidad total por simple “pereza”, por “querer recibir el salario sin trabajar”, o debido a “intereses políticos de Fecode”. La realidad ha desmentido sus vociferaciones y su falta de argumentos ha sido contrastada con el apoyo de las madres y padres de familia a los maestros y maestras de Colombia.
La particularidad de Bogotá
En el caso de Bogotá, la administración de Claudia López ha traicionado, una a una, sus propuestas de campaña. Su incumplimiento del “pacto por la educación” lanzó al retrete los compromisos con sectores del magisterio que la apoyaron y clausuró las puertas al diálogo. Los avances en materia de condiciones mínimas para el regreso a clases presenciales están llenos de retrasos, falta de recursos, improvisación, etc.
Se ha denunciado la falta de garantías en infraestructura, conectividad, insumos para la bioseguridad y alimentación escolar. La administración de la capital aduce que el único obstáculo es el sindicato, pero olvida que el compromiso de los maestros con sus equipos y su conectividad fueron los garantes del derecho a la educación en los momentos más traumáticos de la pandemia.
Se debe agregar que gracias a la presión de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), el sindicato de Bogotá, se agilizaron las condiciones para el regreso por parte del gobierno distrital.
Sin embargo, la actitud de la administración distrital y de muchos de sus funcionarios en las DILE, así como en algunas rectorías de los colegios, ha sido displicente. La aplicación obediente de la legislación sin analizar el contexto de cada institución ha expuesto a los que buscan “quedar bien” con el patrón o que persiguen alguna migaja burocrática.
Poco a poco las cifras de vacunación y de muertes han modificado el panorama y el escenario de lucha. Durante el 2020 y parte del 2021, los gobiernos nacional y distrital profundizaron la política rapaz de vulneración de derechos y del modelo de despojo neoliberal. Todo ello, amparados en los aislamientos y cuarentenas.
En este sentido, aunque el Paro Nacional se convirtió en un proceso de movilización permanente, debe agilizarse la presencialidad escolar en aquellas instituciones dónde haya garantías para hacerlo.
Algunas de las razones son:
- Son más de ocho millones de niños, niñas y jóvenes que tienen en la educación pública la única posibilidad de dignificar su vida y enfrentar el modelo de despojo que asalta su existencia.
- El magisterio colombiano necesita retomar el diálogo con sus comunidades educativas para continuar con los procesos pedagógicos y exigir las condiciones dignas para la presencialidad total. Igualmente, la práctica pedagógica presencial permitirá visibilizar la estigmatización y las amenazas del gobierno y sectores guerreristas en contra de las y los docentes.
- En el caso de Bogotá, es estratégico que la ADE abra sus puertas a sus afiliados y garantice el desarrollo de actividades propias de su naturaleza. La dirigencia sindical de la capital debe estar auditando, verificando y exigiendo las garantías para el retorno a la presencialidad en todas las instituciones de la ciudad. La burocratización y el aislacionismo de algunos dirigentes de la ADE no puede estar por encima de la lucha política y la reflexión pedagógica.
