TRAS LAS HUELLAS DEL PARO NACIONAL
(1ra Parte)
1. Inicia el paro nacional.
El movimiento de protesta social que estalla en la coyuntura actual se remite directamente al movimiento denominado 21 N. Este estallido social inició a través de la convocatoria de un paro cívico promovido inicialmente por las centrales obreras, a quienes se sumaron diversos movimientos sociales indígenas, campesinos, estudiantiles y de mujeres, así como organizaciones de izquierda. Posteriormente, a ellos se sumó un gran sector de la ciudadanía con diversas reivindicaciones colectivas y otros sectores que usualmente no se moviliza (vendedores ambulantes, otros trabajadores no sindicalizados y una ciudadanía en general bastante heterogénea).
Este movimiento de protesta se ha caracterizado por una crítica multitudinaria, colorida y bastante original que manifiesta un cansancio y un rechazo frente a la política económica del gobierno y particularmente a las mentiras de Iván Duque, quien, en su campaña a la presidencia, habló de más salarios, menos impuestos. Precisamente en este momento –noviembre y diciembre de 2019– anunciaba grandes medidas de flexibilización laboral y pensional, frente a lo cual se conformó el Comité Nacional de Paro (en adelante CNP), una instancia que establece un pliego de exigencias que, a grandes rasgos rechaza pretendidas modificaciones al régimen pensional, laboral y tributario; busca combatir las desigualdades sociales y la precariedad económica que muchos colombianos viven en el presente y se opone a megaproyectos y otras iniciativas que tendrían un alto impacto ambiental. A esto se articula una fuerte convicción de avanzar en la construcción de paz y de rechazo a las violencias contra las mujeres.
Fueron 3 meses de protestas intermitentes que mostraron una perspectiva consciente y de exigencia democrática por parte de la ciudadanía a través de la deliberación y la participación, en este caso, desde la calle, con el fin de apuntar hacia la búsqueda, primero de igualdad (de derechos, de oportunidades, de accesibilidades y de calidades –educativas, alimenticias, de vivienda, etc.-) y segundo de libertad (en términos del pensamiento libre, en términos de otras visiones de mundo opuestas al consumo y al patriarcado –visiones propias de la sociedad capitalista y, sobre todo, de libertad para vivir en paz.
Estas demandas incluyeron a su vez lecturas sobre el cuidado de la tierra, de los recursos naturales, la protección de la agricultura como sostenimiento y soberanía de los pueblos (recordemos que en ese contexto hubo un fuerte movimiento de defensa a los páramos frente a la política extractivista de Iván Duque) y un rechazo a la violencia sistemática ejercida por el Estado en contra de quienes alzaran su voz ante las injusticias latentes. En general, este contexto incluyó una multitud que se integró para recomponer el tejido social y que empezaba a constituirse a través de un ejercicio práctico en las calles, con los pueblos, situando un adversario en común en esa contienda representado en el Uribismo, es decir, aquellos sectores oligarcas, mafiosos, terratenientes, empresarios, ganaderos, paramilitares, enemigos de la paz y promotores de medidas económicas y políticas lesivas para las mayorías.
2. Una cuestión de la mediana duración, dos detonantes:la corrupción y la muerte.
Cabe resaltar que la mayoría de los problemas económicos, políticos y sociales del país devienen desde las últimas 4 décadas cuando se empieza a implementar en Colombia las políticas neoliberales de privatización y libre mercado; cuando toma fuerza el modelo de acumulación por desposesión basado en la dominación del capital financiero transnacional desde la destrucción de los territorios por el extractivismo, pero también a través del desplazamiento y la violencia ejercida por el paramilitarismo y la apropiación de tierras por parte de grandes terratenientes.
Es importante mencionar someramente las características generales que han llevado al país a la debacle en que nos encontramos, y que se pueden rastrear desde los años 80 del siglo pasado, cuando emerge una economía mafiosa que se entrelaza a la economía formal de los monopolios nacionales y multinacionales, logrando posteriormente para afianzar su proyecto de cooptar varios sectores del Estado, la fuerza pública y de los partidos tradicionales. Todo este aparato se materializó en la puesta en marcha de los crímenes de Estado, mal llamados “falsos positivos”, en la utilización del DAS como un esquema de adoctrinamiento y exterminio del “enemigo interno”, lo que para este proyecto se encuentra representado en los liderazgos sociales y populares y con la masacre y desplazamiento masivo que ha vivido el país rural en las últimas décadas, favoreciendo a grandes empresarios y megaproyectos.
Sin embargo, a pesar de que estos problemas son de larga data, esta coyuntura presenta en las calles una oportunidad de visibilizar el inconformismo de la ciudadanía, unificado en dos elementos fundamentales que percibe la multitud que salió a protestar: el primer elemento tiene que ver con la corrupción. Por estos días se pedía la renuncia del, en ese entonces, fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez, quien fue vinculado a un caso de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht. A este hecho se le suman otros tantos casos en los que participan alianzas entre la alta burguesía financiera, políticos corruptos y caciques regionales en negocios turbios como Reficar, Hidroituango, el cartel de la contratación, el cartel de la hemofilia y un largo etcétera.
El segundo elemento está relacionado con la exigencia del pueblo colombiano de que se garantice el derecho a la vida. Recordemos que, por estos días, hubo unos bombardeos en el Caquetá donde murieron 8 niños, hecho que ocasionó una moción de censura al ministro de defensa de este momento Guillermo Botero quien tuvo que dimitir. Pero además hubo en estos días dos masacres en el Cauca en menos dos días, todo esto sumado a la cifra exorbitante de más de 276 excombatientes que se acogieron al proceso de paz y más de 900 líderes sociales asesinados.
3. La dignidad del pueblo colombiano vs. la violencia sistemática ejercida por el Estado.
Luego del alzamiento del 21 N, en el cual también hubo una violenta represión por parte de las fuerzas del Estado como la que estamos viviendo ahora –recordemos el asesinato de Dilan Cruz por parte del Esmad–, a finales de febrero del 2020 llegó la emergencia producida por la pandemia y la cuarentena mermó este movimiento. Nos vimos abocados a quedarnos en casa. A los y las docentes nos tocó garantizar el derecho a la educación desde nuestros hogares con nuestros recursos, porque el Estado nunca dio nada; se quebraron muchos pequeños y medianos negocios y se agudizó la depresión social, pero a su vez crecieron aún más las desigualdades del país, en síntesis, Duque aprovechó la pandemia para concentrar aún más el poder y favorecer a los mega ricos. Sin embargo, pese a la crisis palpable, hubo un hecho que revivió de manera activa la protesta y fue la infamia anunciada por el gobierno nacional de llevar a cabo una reforma tributaria.
Ante la mención de grabar los ingresos de la clase trabajadora y de poner mayores impuestos a productos básicos de la canasta familiar, así como un posterior anuncio de una reforma a la salud que precarizaba aún más este derecho en Colombia, la gente se vio obligada a salir de nuevo a las calles. El 28 de abril el CNP convocó a una nueva jornada de paro nacional y estableció un pliego de emergencia de 6 puntos que reivindicaba la salud; una renta básica; la defensa de la producción nacional; matrícula cero y condiciones para el derecho a la educación; derechos de la mujer y de diversidades sexuales y la defensa de Ecopetrol. Este llamado desembocó en una gran muestra de dignidad nacional, acompañada principalmente por la juventud organizada en La Primera Línea y de múltiples espacios populares y comunales de resistencia, cultura, movilización y unidad que consiguió logros importantes como tumbar las pretendidas reformas, sacar a varios ministros del gabinete de gobierno así como a un capitán de la policía y la no realización de una copa América, en un país que hasta hace poco se sostenía del futbol, pero que la indignación y la justa rabia le sacudió los cimientos.
Pese a los logros conquistados a través de la lucha popular y los alcances para la conciencia política colectiva, el saldo tras más de 60 días de paro sigue siendo lamentable para un país que se ha autodenominado la democracia más antigua del continente. Las cifras son escalofriantes y dan cuenta del talante criminal, excluyente, violento, infame y con nula capacidad de diálogo del régimen que gobierna en Colombia. Esto se advierte al dar cuenta que el gobierno se negó a negociar con el CNP y las diferentes expresiones reivindicativas y a brindar las mínimas garantías para desarrollar el derecho a la protesta en Colombia, lo que arroja un saldo muy alto de asesinados, detenidos, torturados, lesionados y desaparecidos por parte de la fuerza pública en coordinación con civiles armados a lo largo y ancho del país; una barbarie que desconoce los límites más extremos cuando se vienen encontrando cuerpos desmembrados en ríos, calles o basureros.
