TRAS LAS HUELLAS DEL PARO NACIONAL
(2da Parte)
4. Una reflexión para entender la historia y construir paz y democracia.
Es importante resaltar que las principales causas del estallido social actual están ligados al asesinato de líderes sociales, al incumplimiento de los acuerdos de paz y a las desigualdades sociales en nuestro país. Pero además de esto, hay un despertar de la conciencia colectiva frente a la pérdida de la narrativa del Uribismo, quienes con la firma de los acuerdos de paz perdieron el enemigo que necesitan para pervivir como proyecto político. Este último aspecto ha permitido que la sociedad reconozca que más allá de la subversión o la guerrilla, los problemas en Colombia son las desigualdades sociales y la ausencia de políticas públicas que emanen oportunidades en términos de accesibilidad y calidad para la salud, la vivienda, la educación, el trabajo digno y en general toda la gran ausencia de derechos económicos, sociales y culturales, lo que se ha convertido en el germen de las crisis sociales de nuestro país.
Esto es importante de analizar en términos históricos, porque denota que, en la primera mitad del siglo XX, fueron las demandas sociales del campesinado, –en un país mayoritariamente agrario– las que desencadenaron una larga ola de violencia ejercida por la clase dominante. Precisamente esta clase que ha permanecido en el poder se negó a llevar a cabo una reforma agraria que permitiera una mejor distribución de la tierra y de la riqueza en Colombia, agudizando de esta forma las desigualdades sociales. En este sentido, el Estado colombiano ha sido el principal responsable en generar violencia estructural, a través de un manejo del Estado excluyente tanto en lo político como en lo social, y que ha privilegiado a lo largo de la historia a una clase dominante oligárquica, en detrimento de generar mejoras en las condiciones sociales de muchos otros actores sociales que componen la nación.
Fueron estas las principales razones, junto con la violencia ejercida por parte de grupos armados financiados por el Estado –los chulavitas o el origen de la “gente de bien”– lo que originó, primero, la organización de autodefensas campesinas liberales que tuvieron una gran fuerza sobre todo en la región de los llanos orientales con Guadalupe Salcedo a la cabeza y, posteriormente, la creación de grupos armados de ideología marxista que a lo largo del siglo XX vieron en el camino de la subversión y la lucha armada, la única manera de conseguir mejoras y ascenso social –escuelas, hospitales, carreteras, tierra– ante un Estado injusto y excluyente, tanto social como políticamente.
Todo esto nos lleva a vislumbrar que, evidentemente atravesamos una nueva oleada de violencia ejercida por el Estado. Un Estado que ha sido cooptado por sectores mafiosos, pero también de marcadas características de corte fascista, al cual, no le conviene que se esclarezca la verdad, por ejemplo, desde los tribunales de la Jurisdicción Espacial de Paz (JEP), por su evidente participación en todo tipo de atrocidades. Un Estado cooptado por un gobierno que pretende mantener al margen –a sangre y fuego–, a las fuerzas democráticas y populares que están dispuestas a disputarle el poder y que articula formas de represión y barbarie para mantener su hegemonía en connivencia con el crimen organizado.
Frente a este panorama bastante oscuro surgen muchos cuestionamientos y reflexiones, por ejemplo, frente a la reacomodación de la táctica del movimiento de paro nacional, o frente a la necesaria articulación de los diferentes sectores que luchan dentro del movimiento social y popular, para alcanzar todas esas demandas históricas negadas por la hegemonía ejercida por las clases dominantes. A su vez, surgen muchas expectativas de porvenir luego de estas jornadas de protesta sin precedentes en la historia nacional y latinoamericana, que requieren ser encaminadas y articuladas para que no sean una simple chispa que no logre una transformación real del país.
5. La cultura escolar como escenario del cambio social y territorio de paz.
A lo largo de estas líneas he venido evidenciando la violencia y el exterminio sistemático ejercido por el Estado, no solo en la coyuntura y en la mediana duración, sino desde la larga duración. Esta lectura también ha sido compartida recientemente por el Tribunal Permanente de los Pueblos TPP, quienes emitieron un fallo contra el Estado colombiano por genocidio continuado. Si bien el fallo no es vinculante, sí ofrece un panorama histórico profundo de estudio sobre la responsabilidad del Estado en torno al hecho de negar la existencia a grupos humanos enteros, articulando diversos periodos de gobierno y distintos actores (fuerzas estatales, para-estatales, mercenarios y grupos de criminalidad organizada) y afectando a distintas fracciones del grupo nacional, entre las cuales destacan fundamentalmente siete parcialidades (pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, grupos campesinos, organizaciones sindicales, movimientos y partidos políticos, líderes y lideresas sociales, movimiento estudiantil) (El lector puede ver la “Sesión sobre genocidio político, impunidad y los crímenes contra la paz en Colombia, 2021”).
Lo anterior refleja la crisis moral que atraviesa al Estado colombiano, así como la necesidad desde la misma sociedad de encontrar mecanismos que visibilicen la grave situación de derechos humanos que vive Colombia, pero también los múltiples espacios de resistencia que sigue generando la sociedad colombiana a través de la lucha de estos mismos sectores sociales que han sido oprimidos y como lo demuestra la historia, negados y exterminados. Desde este requerimiento, quisiera finalizar estas líneas surgidas por el estallido social que vive Colombia, considerando la labor de las y los docentes, no solo por su importante participación en los espacios de lucha, sino por su responsabilidad frente al pensamiento hegemónico y las formas como se imprime la dominación.
En este sentido, cabe resaltar que las y los docentes, como trabajadores de la cultura, tenemos la tarea como intelectuales de contribuir en la construcción de la contrahegemonía, generando de esta forma una nueva construcción política de la sociedad, lo que implica una verdadera socialización de los conocimientos en términos de su historicidad y sus fines ético-políticos. El aporte que tenemos los y las docentes en términos de la cultura de masas en nuestro país, implica analizar una serie de eventos que de ninguna forma son de naturaleza aislada y que tienen que ser identificados, reconocidos, rememorados y a través de un ejercicio crítico, transformados.
Porque precisamente es dentro de la cultura escolar, donde tenemos esa suma de contenidos intelectuales, reflexivos, lógico-racionales y las competencias analíticas para relacionar entre otros, los hechos del pasado y lo que sucede en la actualidad, por citar en ello el uso de la Historia. Esta capacidad de la cultura académica nos permite desarrollar un elemento tan indispensable para la transformación social como lo es el pensamiento y la conciencia crítica, pieza fundamental en la formación ciudadana de la cual la escuela es su motor por antonomasia.
Es decir, la sustancia de la cultura escolar se presenta como una herramienta indispensable para generar una conciencia crítica que permite obtener procesos de formación ciudadana, que para el caso colombiano requiere promover el esclarecimiento de la verdad, hablar del conflicto, la guerra, la paz y desenmarañar los hechos desde las causas estructurales, con el fin de reconocer las responsabilidades históricas de los actores y en ello el papel de la negociación, el acuerdo y el cambio. En este sentido, la educación sigue brindando herramientas de transformación social fundamentales, entre estas hacer y pensar la escuela como un territorio de paz.
Ahora bien, este ejercicio implica entender que el logro de la paz va más allá de la firma de unos acuerdos entre las partes que se enfrentaron en conflicto a lo largo de la historia nacional. Por esto la importancia de reconocer la historia y las raíces propias de la violencia. En este sentido, es fundamental entender la paz desde la ausencia de violencia directa y estructural, como un proceso de realización basado en la justicia y la libertad en términos de relaciones humanas construidas desde el respeto por los derechos.
De aquí la importancia en hacer énfasis en que los problemas de convivencia del país (narcotráfico y el conflicto armado interno, por ejemplo) están asociados a la pérdida de valores individuales y grupales. Esto se puede resolver a través de un conocimiento crítico de los temas y por medio de una intensa educación en valores, lo cual se materializa desde actividades sobre la memoria, desde el entendimiento de la paz, y desde las propuestas que puedan generar docentes y estudiantes para realizar expresiones de construcción de paz a partir de su propio reconocimiento como ciudadanos pertenecientes a la sociedad civil.
Impulsar el pensamiento crítico y la reflexión es un elemento que fundamenta la práctica docente. En este sentido, se propone involucrar a los alumnos en la adopción de una posición y defenderla (justificación de los valores), propuesta realizada por Murray Print, (Estrategias de enseñanza para la educación cívica y ciudadana en el siglo XXI. 2003), quien argumenta que las políticas que norman el desarrollo educativo deben estar inspiradas por valores humanos fundamentales, de modo que el ejercicio educativo contribuya a la mejor realización de las personas y de las sociedades. Por tanto, la construcción de la paz con justicia social implica la construcción de una serie de valores, estrategias, actitudes, planteamientos y procesos encaminados a reconocer los conflictos, las diferencias, las contradicciones, los cuales no se deben ver con miedo o evasión, sino que se tienen que asumir desde la responsabilidad y las libertades que caracterizan a una sociedad democrática inclusiva y sostenible.
Esto conlleva a confrontar la violencia estructural, la cual se origina en formas organizativas que impiden la satisfacción de las necesidades, derivándose de situaciones de corrupción, políticas económicas capitalistas y reparto injusto de la riqueza y recursos. Reconocer estos aspectos es solo parte de ese proceso de cambio, lo que sí es un hecho es que el pueblo colombiano ha abierto los ojos. Depende de nuestra capacidad organizativa consolidar este movimiento social; la escuela y las comunidades son parte fundamental en este trasegar; los estudiantes, las mujeres, las madres, los trabajadores, los indígenas, los afrodescendientes, los sindicatos y otras formas de organización política tendremos que articularnos para que la llama de dignidad y lucha permanezca encendida hasta lograr el cambio profundo que requiere el país; los maestros y maestras seguiremos junto al pueblo en la lucha, hasta lograrlo.
