La derrota sufrida por el campo progresista en las elecciones presidenciales de julio obedece a diversos factores que merecen un análisis detenido. Reducir el resultado únicamente a errores de campaña o a coyunturas electorales impediría comprender un fenómeno mucho más profundo: la disputa por la hegemonía política y cultural que atraviesa hoy a la sociedad colombiana.

Los resultados muestran que la diferencia definitiva se concentró en unos territorios específicos. El caso más evidente es Antioquia. En este departamento, Abelardo de la Espriella obtuvo cerca del 63 % de la votación frente al 37 % alcanzado por Iván Cepeda. En términos absolutos, ello representó aproximadamente 2.185.000 votos para De la Espriella y 1.133.000 para Cepeda, una diferencia cercana al millón de sufragios.

Santander constituyó otro de los bastiones decisivos. Allí, Abelardo de la Espriella obtuvo alrededor de 882.000 votos, mientras que Iván Cepeda alcanzó cerca de 391.000, una diferencia próxima al medio millón de votos.

En Boyacá también se registró una ventaja considerable. Abelardo de la Espriella obtuvo aproximadamente 440.000 votos, superando a Iván Cepeda por cerca de 180.000 sufragios. A ello debe sumarse el voto de los colombianos en el exterior, donde la diferencia alcanzó aproximadamente 177.000 votos.

En consecuencia, puede afirmarse que fueron Antioquia, Santander y Boyacá, junto con el voto en el exterior, los territorios que terminaron definiendo la elección presidencial. La magnitud de las diferencias obtenidas en estas regiones explica buena parte de la ventaja nacional alcanzada por la candidatura de Abelardo de la Espriella. En términos políticos, fue allí donde se decidió la elección.

La pregunta, entonces, deja de ser exclusivamente electoral para convertirse en una cuestión de hegemonía cultural. ¿Qué tipo de sentido común se ha consolidado en estos territorios para producir diferencias tan amplias?

Desde la teoría política, particularmente desde los aportes de Antonio Gramsci, se plantea la necesidad de disputar el sentido común. Este puede entenderse como el conjunto de ideas, valores y percepciones mediante los cuales amplios sectores de la sociedad interpretan la realidad e identifican cuáles consideran que son sus propios intereses.

En este caso, no podría afirmarse que la campaña de Iván Cepeda hubiera renunciado a disputar ese sentido común. Los resultados obtenidos en Bogotá y en otras regiones del país demuestran que su mensaje logró conectar con millones de ciudadanos y construir mayorías importantes. La cuestión central no consiste en preguntarse si hubo o no una disputa por el sentido común, sino por qué esa disputa fue derrotada precisamente en Antioquia, Santander y Boyacá.

El sentido común que se ha vuelto hegemónico en estas regiones obedece a una cultura política de derechas consolidada históricamente mediante diversos mecanismos de poder. Entre ellos pueden señalarse la expansión del paramilitarismo en amplias zonas del país, las relaciones establecidas entre sectores del Estado, las élites regionales y ese poder político, así como la permanencia de una cultura política que ha privilegiado la seguridad como valor supremo, incluso por encima del bien común y de la ampliación de los derechos sociales.

Es precisamente esa hegemonía cultural la que explica que amplios sectores sociales terminen identificando como propios unos intereses políticos que responden a un determinado proyecto histórico. La disputa electoral fue, en consecuencia, mucho más que una competencia entre candidatos: fue una disputa por la forma de comprender el Estado, la democracia, la economía y el futuro del país.

La noción Gramsciana de sentido común puede profundizarse a partir de los planteamientos de György Lukács. En Historia y conciencia de clase, el filósofo húngaro sostiene:

«Cómo el dominio de la burguesía se extiende realmente a toda la sociedad; cómo la burguesía tiende efectivamente una organización de la sociedad entera de acuerdo con sus intereses y hasta la ha realizado en parte; esta clase tenía que construir una cerrada doctrina de la economía, el Estado, la sociedad, etc., la cual presupone y significa sin más una concepción del mundo.»

Esta reflexión permite comprender que la hegemonía no se sostiene únicamente mediante el poder económico o el control del Estado. Su fuerza reside, sobre todo, en la capacidad de convertir una determinada concepción del mundo en el horizonte desde el cual la mayoría de la sociedad interpreta la realidad. Cuando ello ocurre, las relaciones de poder dejan de percibirse como construcciones históricas y pasan a entenderse como naturales, inevitables o incluso deseables.

Desde esta perspectiva, las doctrinas económicas que hoy suelen presentarse como novedosas, como el libertarismo o el anarcocapitalismo, representadas políticamente por figuras como Abelardo de la Espriella, Javier Milei, Donald Trump o Jair Bolsonaro, no constituyen una ruptura histórica. Por el contrario, pueden entenderse como la actualización, en una versión más radical, de los postulados del neoliberalismo formulados durante el siglo XX por autores como Friedrich Hayek y Milton Friedman.

Su doctrina económica se presenta como un sistema cerrado que pretende ofrecer respuestas para la totalidad de la vida social. Más que una innovación ideológica, constituye la renovación de un proyecto político que busca reorganizar la sociedad alrededor de la supremacía del mercado, la reducción del papel del Estado y una concepción de la libertad centrada casi exclusivamente en la libertad económica.

De este modo, lo que ocurrió en Colombia durante la disputa electoral fue también una confrontación simbólica, política, cultural y de concepciones del mundo. No se enfrentaron únicamente dos candidaturas, sino dos proyectos históricos distintos. De un lado, una concepción que reivindica la protección de la naturaleza, un Estado con función social, la defensa de los derechos de las y los trabajadores y la ampliación de derechos para las mayorías.

Del otro, una doctrina económica profundamente cerrada que, aunque se autodenomine libertaria, representa la actualización de un modelo que, desde esta perspectiva, ha mostrado profundas limitaciones para resolver las desigualdades estructurales de nuestras sociedades.

Sin embargo, este fenómeno no puede analizarse únicamente desde la realidad colombiana. Como ha señalado Álvaro García Linera, América Latina parece moverse históricamente como un péndulo político. En uno de sus extremos se ubican los gobiernos progresistas y los proyectos de transformación social; en el otro, las fuerzas conservadoras y neoliberales que recuperan el poder cuando los primeros no consiguen responder de manera estructural a las demandas de la población.

Cuando los gobiernos progresistas no logran transformar las bases económicas, sociales y culturales que producen la desigualdad, su legitimidad comienza a erosionarse. El descontento social termina siendo capitalizado por la derecha, que regresa al poder prometiendo eficiencia, orden y crecimiento económico.

Sin embargo, una vez en el gobierno, tampoco resuelve las contradicciones fundamentales del modelo; en muchos casos las profundiza, aunque logra preservar temporalmente la estabilidad del orden económico dominante y de las relaciones geopolíticas que lo sostienen.

Desde esta perspectiva, mientras la izquierda no logre profundizar su proyecto histórico y avanzar hacia una transformación real del modelo económico, en lugar de limitarse a mitigar sus efectos sociales, difícilmente podrá consolidar procesos políticos de largo plazo, como ya se ve en el mapa político de Latinoamérica.

Para el caso particular de Colombia, el análisis debe realizarse, al menos, en tres niveles. El primero corresponde a los logros, alcances, limitaciones y posibilidades del gobierno de Gustavo Petro. El segundo se refiere a la campaña presidencial de Iván Cepeda y su capacidad para comunicar un proyecto político de continuidad. El tercero tiene que ver con las modificaciones que pudo haber tenido —o que dejó de tener— el programa de gobierno que buscaba prolongar el proyecto progresista durante un nuevo período presidencial.

I

En cuanto al primer nivel, es necesario reconocer que el gobierno de Gustavo Petro deja avances importantes que deben formar parte de cualquier balance serio. Uno de ellos es la reforma laboral, una transformación largamente aplazada para un país que aspira a un desarrollo económico con mayor justicia social. Esta reforma fortaleció el poder adquisitivo de las y los trabajadores y permitió que, por primera vez en la historia reciente del país, el ingreso mínimo legal, sumado al auxilio de transporte, superara los dos millones de pesos.

Frente a esta medida, diversos sectores del pensamiento neoliberal anunciaron que el incremento de los salarios produciría una inflación descontrolada y una fuerte destrucción del empleo. Sin embargo, los indicadores económicos mostraron un comportamiento distinto al previsto por esas proyecciones. El fortalecimiento del ingreso de los hogares contribuyó a dinamizar el mercado interno y a sostener el consumo como uno de los motores de la economía nacional.

Otro de los avances más importantes corresponde a la política de acceso a la tierra. Aunque todavía no se ha alcanzado la meta prevista en el Acuerdo Final de Paz, el gobierno de Gustavo Petro ha impulsado el mayor proceso de entrega y titulación de tierras a campesinos y campesinas de las últimas décadas, retomando una de las transformaciones históricas más aplazadas del país.

Esta tarea posee una importancia estructural. Mientras otras naciones latinoamericanas, como México y Brasil, desarrollaron procesos de reforma agraria durante el siglo XX, Colombia mantuvo una profunda concentración de la propiedad rural. Democratizar el acceso a la tierra no constituye únicamente una medida de justicia social; representa también una condición necesaria para modernizar la producción agrícola, fortalecer la economía campesina y construir un modelo de desarrollo más equilibrado.

Sin embargo, estos avances no bastan para explicar por sí solos el resultado electoral. También es necesario analizar la campaña de Iván Cepeda, su capacidad para traducir los logros del gobierno en una narrativa política capaz de disputar la hegemonía en aquellos territorios donde la derecha mantiene una influencia histórica. La pregunta no consiste únicamente en qué se hizo durante el gobierno, sino en cómo esos cambios fueron comunicados, apropiados y defendidos ante la ciudadanía.

Finalmente, resulta indispensable revisar el programa de gobierno propuesto para dar continuidad al proyecto progresista. Toda propuesta política requiere actualizar su lectura de la realidad, responder a las nuevas demandas sociales y ofrecer un horizonte de transformación que movilice nuevamente a las mayorías.

La continuidad no puede reducirse a la administración de los avances alcanzados; debe representar una profundización del proyecto democrático y una respuesta convincente a los problemas cotidianos de la población.

La elección presidencial deja, entonces, una enseñanza fundamental. La disputa por el poder nunca es exclusivamente electoral. Es, sobre todo, una disputa por el sentido común, por la construcción de una nueva hegemonía y por la capacidad de convertir un proyecto político en una visión compartida de país.

Si la derecha ha logrado consolidar durante décadas una cultura política capaz de orientar el comportamiento electoral de amplios sectores sociales, el reto del progresismo no puede limitarse a obtener mejores resultados en la próxima campaña. Debe consistir en construir una nueva mayoría cultural, ética e intelectual que transforme la manera en que millones de colombianos comprenden la democracia, la economía, el Estado y sus propios intereses.

Solo cuando esa disputa por el sentido común logre traducirse en una nueva hegemonía cultural será posible construir transformaciones políticas duraderas. Las elecciones se ganan en las urnas, pero las hegemonías se construyen mucho antes: en la cultura, en la educación, en los medios de comunicación, en las organizaciones sociales y en la vida cotidiana de los pueblos. Allí, más que en cualquier otro escenario, se definirá el futuro del proyecto progresista en Colombia.

II

El segundo nivel corresponde a la capacidad política, simbólica y comunicativa de la campaña de Iván Cepeda y Aída Quilcué para conquistar una mayoría electoral. Es importante señalar que el resultado obtenido no es menor. Con cerca de trece millones de votos, esta candidatura alcanzó la mayor votación en la historia del progresismo colombiano y perdió la elección por un margen aproximado del 0,9 %. Ello demuestra que existió una enorme capacidad de convocatoria, aunque también deja lecciones sobre aspectos que pudieron desarrollarse de una manera más eficaz.

En primer lugar, si bien el progresismo ha defendido la austeridad como una forma ética de hacer política, era necesario combinar esa visión con una estrategia comunicativa de mayor alcance. En el Eje Cafetero y en muchas regiones del país, Abelardo de la Espriella instaló vallas publicitarias en prácticamente todos los municipios, ubicándolas en entradas, salidas y puntos estratégicos.

A simple vista, alguien podría pensar que se trató de una inversión innecesaria, pues eran territorios donde ya contaba con un amplio respaldo electoral. Sin embargo, esa estrategia fue complementada con una intensa campaña en redes sociales, lo que terminó configurando una estrategia multinivel de enorme eficacia para disputar el sentido común.

En contraste, la campaña de Iván Cepeda y Aída Quilcué desaprovechó en buena medida el potencial de las redes sociales. Aunque es evidente que la derecha y la izquierda compiten en condiciones materiales muy diferentes y que en el ecosistema digital el capital destinado a la difusión desempeña un papel determinante, era posible profundizar mucho más la producción y circulación de contenidos.

No basta con que influenciadores y activistas respalden una candidatura. Debe existir un liderazgo visible que encarne el proyecto político, y ese símbolo debía ser el propio Iván Cepeda. Su presencia en ese escenario comunicativo se fortaleció tardíamente.

La segunda vuelta presidencial demostró el potencial de una campaña territorial intensa. El trabajo de volanteo, el contacto directo, el diálogo puerta a puerta y la movilización de miles de ciudadanos incrementaron la votación en cerca de tres millones de votos. Ese esfuerzo debió iniciarse desde el comienzo de la campaña y no únicamente en su etapa final.

Otro elemento tiene que ver con la participación del Pacto Histórico en su conjunto. Aunque numerosos candidatos, congresistas, dirigentes y activistas impulsaron decididamente la campaña, el conjunto de la fuerza política no actuó con la intensidad necesaria. En algunos sectores predominó una excesiva confianza en la posibilidad de ganar en primera vuelta, lo que condujo a subestimar al adversario político.

En este punto resulta pertinente recordar a Gilles Deleuze cuando plantea la noción de los planos de inmanencia. Abelardo de la Espriella representó un plano de inmanencia asociado al outsider, al libertario, al iconoclasta, a una figura que rompe deliberadamente con las formas tradicionales de hacer política. Incluso circularon versiones según las cuales su programa de gobierno habría sido elaborado con ayuda de inteligencia artificial, reflejando las críticas sobre la simplicidad de sus propuestas.

Más allá de la veracidad de esas versiones, lo cierto es que esa forma de hacer política logró conectar con una parte importante del electorado. Precisamente por ello fue un error subestimar su capacidad política y comunicativa.

III

Finalmente, el tercer nivel corresponde al programa de gobierno. Su principal debilidad estuvo en el tema de la seguridad. La izquierda ha comprendido que el diálogo y la paz constituyen un horizonte indispensable. Sin embargo, no ha logrado transmitir con suficiente claridad que ese propósito debe ir acompañado de una Fuerza Pública democrática y eficaz, capaz de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Esta ausencia de un mensaje contundente hizo que importantes sectores de la clase media, afectados por la extorsión, la inseguridad y el deterioro de sus condiciones económicas, sintieran que el programa no respondía plenamente a sus preocupaciones. Allí se perdió una franja significativa del electorado.

La tarea histórica del progresismo continúa siendo la de construir un proyecto más honesto y más profundo, capaz de ir a la raíz del modelo económico para transformarlo. La derecha no oculta su propósito de profundizar el modelo que defiende.

En cambio, la izquierda suele vacilar al momento de explicar con claridad que también pretende profundizar un modelo distinto y transformar las bases del capitalismo contemporáneo. Esa vacilación termina debilitando su capacidad de  construir una nueva hegemonía y favorece que el péndulo político vuelva a desplazarse hacia la derecha.

La lucha por una sociedad diferente no concluye con una derrota electoral. Continuará en la lucha de clases, en la organización popular, en los movimientos sociales y en las calles, que seguirán siendo el ágora política desde donde se disputará una nueva oportunidad para Colombia y para América Latina, esa segunda oportunidad sobre la tierra de la que hablaba Gabriel García Márquez. La vida es agonía, del griego Agon que significa luchar, y en esa lucha entre la vida y la muerte se despliega la humanidad. El tiempo se agota pues el péndulo tendrá que detenerse.