En tiempos de profundas polarizaciones políticas, resulta cada vez más frecuente escuchar afirmaciones que presentan a Fecode como si fuera la entidad que dirige la educación colombiana.
Sin embargo, es importante recordar que Fecode no gobierna la educación, no define el currículo nacional, no expide leyes ni administra el sistema educativo. Fecode es un sindicato, es decir, una organización de trabajadores que representa los intereses laborales, profesionales y sociales de los maestros del país.
La existencia de los sindicatos no es un accidente histórico ni una concesión generosa de los Estados. Son el resultado de largas luchas sociales por la dignidad del trabajo, la libertad de asociación y la defensa de derechos fundamentales. En las sociedades democráticas, los sindicatos constituyen una de las formas legítimas de participación ciudadana y de equilibrio frente al poder político y económico.
En educación, la figura sindical adquiere una importancia particular porque los docentes no solo son trabajadores, sino también actores fundamentales en la construcción de ciudadanía. Defender condiciones laborales dignas para los maestros no es un asunto aislado de la calidad educativa; por el contrario, está profundamente relacionado con ella.
La estabilidad laboral, la formación continua, la salud ocupacional, la carrera docente y la financiación de la educación pública son temas que impactan directamente los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Pretender separar completamente la educación de la política resulta, además, imposible. La educación es una decisión política desde su origen: lo es cuando se define el presupuesto nacional, cuando se establecen los currículos, cuando se diseñan los sistemas de evaluación, cuando se decide qué conocimientos son prioritarios y cuando se determina el modelo de sociedad que se quiere construir. Toda política educativa expresa una visión de país.
Por ello, el debate no debería centrarse en la existencia o no de los sindicatos, sino en la capacidad de todos los actores —Estado, maestros, familias, estudiantes, universidades y organizaciones sociales— para construir consensos que fortalezcan la educación pública. Las diferencias ideológicas son naturales en una democracia; lo verdaderamente peligroso sería eliminar o deslegitimar los espacios donde esas diferencias pueden expresarse de manera organizada y pacífica.
La historia demuestra que las sociedades más democráticas no son aquellas donde desaparecen los sindicatos, sino aquellas donde existe la posibilidad de dialogar, disentir y construir acuerdos respetando la pluralidad de voces. La educación necesita maestros comprometidos, instituciones sólidas, familias participativas y también organizaciones que representen legítimamente a quienes dedican su vida a enseñar.
El maestro colombiano y su responsabilidad histórica
En el contexto colombiano, la participación de los maestros en los asuntos públicos no puede entenderse únicamente como una cuestión laboral. La escuela ha sido, históricamente, uno de los pocos espacios donde millones de niños y jóvenes han encontrado posibilidades reales de movilidad social, pensamiento crítico y construcción de ciudadanía.
Por ello, el docente no puede limitarse a ser un ejecutor de contenidos; está llamado a comprender la realidad social, económica, cultural y política del territorio en el que educa.
La indiferencia también tiene consecuencias. Muchos de los derechos que hoy disfrutan los educadores —la carrera docente, la estabilidad laboral, la seguridad social, los procesos de ascenso, la formación permanente y las garantías sindicales— fueron conquistados gracias a generaciones de maestros que dedicaron tiempo, esfuerzo y, en ocasiones, asumieron riesgos personales para defender la educación pública. Resulta paradójico que algunos disfruten hoy de esos logros mientras consideran que la responsabilidad de preservarlos corresponde únicamente a otros.
En ocasiones encontramos docentes que prefieren mantenerse al margen de las discusiones colectivas, de los espacios de participación o de las luchas que buscan preservar derechos adquiridos, pero que esperan beneficiarse de los resultados obtenidos por quienes sí asumen esos compromisos.
Más allá de cualquier juicio personal, esta realidad invita a reflexionar sobre la corresponsabilidad que implica pertenecer a una profesión cuya historia ha sido construida mediante esfuerzos colectivos. Los derechos no surgen espontáneamente; son fruto de la organización, la participación y la solidaridad entre quienes comparten una misma causa.
La participación no es una obligación sindical; es, ante todo, un deber ético con la profesión. Quien educa no puede ser indiferente frente a las condiciones en las que se desarrolla la educación ni frente a las decisiones que afectan el presente y el futuro de sus estudiantes. Permanecer al margen es una opción legítima, pero no exime de la responsabilidad moral sobre aquello que sucede cuando otros deciden por todos.
El maestro como sujeto político, no como actor partidista
Conviene recordar que la participación política del maestro no puede confundirse con el activismo partidista ni con la subordinación a intereses electorales. El educador no está llamado a convertirse en un apéndice de ningún político, partido o movimiento. Su papel no consiste en decirle a sus estudiantes por quién votar, qué pensar o a quién seguir.
Por el contrario, su misión es mucho más profunda y trascendente: enseñar a pensar, desarrollar el juicio crítico, formar ciudadanos autónomos y fortalecer la capacidad de cada persona para tomar decisiones libres e informadas.
Cuando un maestro renuncia a su independencia intelectual para convertirse en portavoz de cualquier proyecto político, desnaturaliza su función pedagógica. Pero cuando comprende la dimensión ética y social de su oficio, entiende que su verdadero compromiso es con la verdad, el conocimiento, la democracia y la formación integral de sus estudiantes.
La escuela no debe fabricar seguidores; debe formar ciudadanos capaces de analizar, cuestionar, argumentar y participar responsablemente en la construcción de la sociedad. Por eso, el maestro necesita comprender la realidad política sin someterse a ella, participar en los debates públicos sin perder su autonomía y defender la educación pública sin convertirse en instrumento de intereses particulares.
Su lealtad principal no es hacia los gobiernos de turno, ni hacia los dirigentes políticos, ni siquiera hacia las organizaciones a las que pertenece. Su lealtad fundamental es hacia los estudiantes, hacia el conocimiento y hacia la construcción de una sociedad más libre, más justa y más consciente.
Como suelo afirmar:
«La tarea del maestro no es fabricar votantes para una causa, sino formar ciudadanos capaces de elegir su propio camino. Quien enseña a obedecer crea dependencias; quien enseña a pensar construye libertad.»
Educar para la libertad y la conciencia
Si la escuela cumpliera plenamente su misión y si los maestros lográramos formar ciudadanos verdaderamente libres, críticos y conscientes, probablemente no necesitaríamos que nadie nos dijera qué pensar, a quién seguir o por quién votar. Seríamos capaces de analizar la realidad por nosotros mismos, distinguir entre el interés particular y el bien común, reconocer la verdad más allá de la propaganda y tomar decisiones orientadas por la razón, la ética y la dignidad humana.
La finalidad de la educación no es adoctrinar ni producir unanimidades. Su propósito es desarrollar la capacidad de comprender el mundo, de deliberar con argumentos y de actuar responsablemente frente a los desafíos colectivos. Un ciudadano formado en libertad puede llegar a conclusiones distintas a las de otros, pero siempre tendrá la posibilidad de construirlas desde la reflexión y no desde la manipulación.
Por eso, el horizonte último de la educación debería ser una sociedad donde las personas, sin imposiciones ni adoctrinamientos, elijan naturalmente aquello que dignifica la existencia humana: la vida sobre la muerte, la paz sobre la violencia, el diálogo sobre el odio, la justicia sobre el privilegio y el bienestar colectivo sobre los intereses egoístas. No porque alguien les haya ordenado pensar así, sino porque han desarrollado la conciencia suficiente para comprender que allí se encuentra el camino hacia una sociedad más humana y más libre.
Si la educación logra ese propósito, el pueblo no necesitará caudillos que le indiquen qué creer, qué sentir o qué decidir. La ciudadanía será capaz de reconocer por sí misma aquello que protege la vida, fortalece la convivencia, amplía las oportunidades y contribuye al bienestar común.
La grandeza del maestro no está en lograr que sus estudiantes piensen como él, sino en lograr que aprendan a pensar por sí mismos. Y cuando eso ocurre, la democracia deja de depender de líderes providenciales y comienza a sostenerse sobre ciudadanos capaces de decidir con autonomía, responsabilidad y sentido de comunidad.
Porque una escuela democrática difícilmente puede construirse sobre la negación de los principios democráticos que permiten a los ciudadanos asociarse, deliberar y defender sus derechos.
Como afirmaba Paulo Freire, «la educación no cambia el mundo; cambia a las personas que van a cambiar el mundo». Y quienes tienen la responsabilidad de acompañar esa transformación difícilmente pueden renunciar a comprender, debatir y participar en la realidad de la sociedad que pretenden transformar.
Y quizá allí resida la esencia más profunda de nuestra labor:
Educar no es enseñar a obedecer una voz; es ayudar a descubrir la propia conciencia. Cuando un pueblo aprende a pensar, ya no necesita que nadie le diga qué elegir: reconoce por sí mismo aquello que protege la vida, la libertad, la paz y el bien común.
Los sindicatos no reemplazan al Estado ni gobiernan la educación; representan una voz dentro de ella. Y en una democracia, las voces pueden discutirse, cuestionarse o controvertirse, pero no ignorarse ni desaparecerse por decreto.
Al final, la discusión no debería reducirse a sindicatos, gobiernos o ideologías particulares. La verdadera pregunta es qué tipo de sociedad queremos construir y cuál es el papel que la educación desempeña en ese propósito. Mientras existan maestros de pie comprometidos con la verdad, la libertad de pensamiento, la justicia y la dignidad humana, no habrá pueblos de rodillas, habrá esperanza de formar generaciones capaces de transformar la realidad sin violencia, de defender sus derechos sin fanatismos y de participar en la vida democrática con conciencia y responsabilidad.
Educar seguirá siendo, entonces, el acto más profundamente político y al mismo tiempo más profundamente humano: sembrar en cada persona la capacidad de pensar por sí misma y elegir, en libertad, por la paz y por la vida, por aquello que contribuya al bien común.
