El presente texto es una síntesis del discurso histórico de Eduardo LemaitreAunque Panamá fue parte de Colombia desde 1821, aquella “pertenencia” no fue producto de un sentimiento de identidad, sino la decisión autónoma de los panameños, cuando el 10 de noviembre de 1821 el coronel José de Fábrega lanzó el grito de independencia de España y se determinó que se unirían a la Nueva Granada, “que en esos momentos se mostraba a sus ojos poderosa y resplandeciente, aureolada por la misma gloria de Bolívar” (Lemaitre, 114, 1989).
Luego, el 3 de noviembre de 1903 Panamá declara su independencia de Colombia después de ochenta y dos años, sin una batalla ni derramamiento de sangre alguno. Para los panameños, dicha unión siempre fue concebida como temporal, y el poder central de Bogotá hizo muy poco por la promover la integración “nacional”. La semilla de la separación germinó durante todo el siglo XIX a través de las cinco intentonas de separación impedidas a la fuerza por Colombia. Fueron dos en 1830, una en 1840, una en 1863 y la última en 1903.
La intención separatista estuvo sincronizada con la turbulencia política del siglo XIX, donde las guerras civiles dieron como resultado un bipartidismo dogmático y sectario. Con la violencia y el desorden jurídico – administrativo se expidieron cinco constituciones (1843, 1851, 1858, 1863 y 1886). De tal forma, ni los conservadores católicos terratenientes, ni los liberales radicales librecambistas lograron mitigar el continuo descontento panameño. A la inestabilidad política interna, se añade la injerencia extranjera del imperialismo europeo y norteamericano por la construcción del ferrocarril y del canal.
Para 1843 había 3 concesiones simultaneas para construir el ferrocarril; dos con Inglaterra y una con EE. UU. Finalmente, el gobierno de Pedro Alcántara Herrán se decidió por Inglaterra, en retribución por la ayuda de la isla durante en las guerras de independencia. Luego, frente al temor de una invasión inglesa, Colombia volvió sus ojos a EE. UU y en 1846 se celebró el tratado Mallarino-Bidlack[1], donde a cambio de protección militar, se daba a los norteamericanos beneficios de tránsito e impuestos en el Istmo. A su vez, EE. UU e Inglaterra para saldar su pugna por Panamá y Nicaragua —zonas de importancia geoestratégica— firmaron el tratado Clayton-Bulwer[2] en 1850. Allí se deja claro que EE. UU no invadiría Panamá, pero no tenía impedimento para construir el ferrocarril. Así nació la compañía “Panamá Rail Company”, cuyos trabajos empezaron en 1850 y finalizaron cinco años después.
[El] “27 de enero de 1855, a media noche, bajo la lluvia, entre la oscuridad y los relámpagos, el ultimo riel fue colocado en la ciudad de Panamá y al día siguiente el primer tren rodó cruzando el Istmo de un océano a otro… EE. UU tenía un privilegio de 49 años y a Colombia le correspondería el 3% de las utilidades” (p.118).
Con la excusa de proteger sus intereses, la construcción del ferrocarril propició el primer envío de marines al Istmo que “se llevaban a cabo por cualquier motivo, y por lo general, sin previa solicitud al gobierno colombiano […] los más famosos fueron los de 1856, 1885, y desde luego, el de 1903” (p.119). Por otra parte, la licencia para construir el canal le fue dada a Francia, con la firma del convenio Salgar-Wyse de 1878. “El término del privilegio se fijó en 99 años […] contra una regalía del 5% del producto bruto de la empresa” (p.121).
Con la oficialización de la “Compagnie Universelle du Canal Interoceanique”, en 1883 se iniciaron las obras y progresaron significativamente hasta 1885. Luego, escándalos de corrupción, así como adversidades climáticas hicieron que en 1888 las obras se interrumpieran (p.125). Tras bambalinas siempre se acusó a ingleses y norteamericanos de influir en el desastre de la empresa francesa del canal.
Luego de la guerra de 1884-1885 se aprueba la constitución centralista de 1886 a cargo del partido nacional y el movimiento de la regeneración, dando fin al periodo de los radicales liberales y se entierra el proyecto de la constitución federalista de Rionegro (1863), donde Panamá tenía un estatus de estado soberano autónomo garantizado por el federalismo. Dicho estatus autonómico desapareció con la constitución de 1886, ya que “Panamá dejo de ser un estado soberano para convertirse en un simple departamento, manejado directamente desde Bogotá, y los panameños perdieron totalmente la autonomía de que venían gozando para manejar sus asuntos internos” (p.124).
Este hecho fue mal recibido por la clase política panameña, que vio reducidos sus privilegios. Mientras que en las guerras civiles previas a la de los Mil Días Panamá tuvo una participación marginal, en aquel confrontamiento fue un territorio clave, cuando en 1901 el general liberal Benjamín Herrera invadió el Istmo y para dominar la parte occidental, instaurando un gobierno provisional y nombrando ministros (p.126). Ante este hecho, fue el gobierno conservador de José Manuel Marroquín quién solicitó a EE. UU el envío de marines con el pretexto de asegurar el ferrocarril (p.127).
Luego de la guerra entre EE. UU con España (1898), el imperio del norte define como prioritaria y urgente la construcción del canal (p.127) y el gobierno colombiano empobrecido por la guerra estaba ávido de fondos para la reconstrucción. De esta forma, el 23 de enero de 1903 se firma el tratado Herrán-Hay[3] donde Colombia da un paso gigante hacia la renuncia de Panamá.
Las condiciones de dicho tratado cumplían con las características personales de los presidentes de Colombia y EE. UU. Marroquín “un anciano vacilante”, y Rooselvelt, un hombre “impetuoso, arbitrario y empujador” (p.131). Aunque el tratado fue rechazado por el congreso colombiano ya que atentaba contra la soberanía y dignidad nacional, el congreso de EE. UU aprueba la ley Spooner de junio de 1902. Allí se establece qué EE. UU obtendría el dominio perpetuo de la franja de tierra por donde el canal transitara (p.131).
Con los marines en el Istmo y la negativa del parlamento colombiano a aprobar el tratado, EE. UU dejo ver su faceta más violenta y amenazó abiertamente al gobierno colombiano para que firmara, sentenciando que “si Colombia ahora rechazara el tratado o retardara debidamente su ratificación, las relaciones amigables entre los dos países quedarían tan seriamente comprometidas, que nuestro congreso, en el próximo invierno, podría tomar pasos que todo amigo de Colombia sentiría con pena”. (p.135).
El congreso colombiano —dando muestras de un patriotismo tardío y falso—no cedió y el 1 de junio de 1903 el senador panameño Juan Pérez y Soto presenta un informe para denunciar la codicia y abuso de EE. UU, así como la cobardía del gobierno de Marroquín y sus ministros (p.136). Esta noticia y la presencia de marines en Panamá, le dieron a EE. UU la excusa para alentar y apoyar la separación.
Después de la guerra de los Mil días, se nombró como gobernador de Panamá al senador panameño pro-separatista José Domingo de Obaldía y como comandante de policía al también pro-separatista general Esteban Huertas, acciones torpes si se quería evitar la separación. “Puede decirse que el gobierno de Bogotá cumplió torpemente el refrán aquel que dice -Al ladrón, darle las llaves-” (p.137).
El 3 de noviembre de 1903 la elite panameña declara su independencia con el apoyo norteamericano. Marroquín, en un acto de desespero envió el batallón Tiradores desde Barranquilla, pero al desembarcar fueron engañados y su comandancia sobornada. Marroquín en representación de Colombia protestó exigiendo la reintegración de Panamá, pero ni siquiera fue escuchado por Roosevelt. El 6 y luego el 13 de noviembre EE. UU reconoce formalmente el nuevo estado de Panamá, dando inicio a la obra del canal, cuya inauguración se dio en 1914, el mismo año en que fue firmado el tratado Urrutia-Thompson donde Colombia aceptaba la soberanía panameña y aceptaba la pírrica indemnización de US$ 25millones.
EE. UU nunca reconoció su participación en la separación, pero sus barcos protegían las costas panameñas y en Whashington Roosevelt proclamó: “I Took Panamá”. En Colombia el gobierno y la prensa oficialista no registraron los hechos, cultivando las prácticas del olvido y el silencio hasta hoy día.
NOTAS
[1] En este tratado “se dispuso que los ciudadanos, buques y mercancías de EE. UU, disfrutarían en todos los puertos de la Nueva Granada de todos los privilegios que en ese momento gozaban y en los sucesivo gozasen los propios ciudadanos granadinos, sus buques y mercancías”. (P. 117).
[2] “Ni el uno ni el otro [EE. UU e Inglaterra] obtendrá para sí, dice el documento, el predominio exclusivo sobre dicho canal, ni sobre ninguna otra parte de la América Central” (p. 118).
[3] “1. Se concedería a los franceses el permiso para traspasar la concesión recientemente prolongada. 2. El tratado se firmaría con la condición de que EE. UU garantizaran la soberanía de Colombia sobre el Istmo. 3. Colombia disfrutaría en común con EE. UU el derecho a cerrar el canal a los buques de guerra que estuviera en lucha con ella. 4. Colombia percibiría el 5% por los productos del canal. 5. EE. UU harían un empréstito inmediato a Colombia de veinte millones de dólares para redimir el papel moneda circulante e invertir el resto de la cantidad en los ferrocarriles nacionales.” (p. 128). Con la ley Spooner se vería afectado el punto 2 del tratado.
BIBLIOGRAFÍA
Lemaitre, Eduardo (1989) “La separación de Panamá”. En: Nueva Historia de Colombia Tomo I. Editorial Planeta. Págs. 113 – 144. Colombia.
