Es difícil concebir el horror que están experimentando millones de palestinos en Gaza en este preciso momento. Para muchos que opinan y escriben sobre el tema, se espera mantener la «objetividad». Sin embargo, resulta inevitable sentir el dolor profundo del pueblo palestino, una herida abierta que sangra sin cesar, y las lágrimas se desbordan al contemplar el horror de la muerte y la devastación.
Mientras los gobiernos europeos y estadounidenses mantienen una postura de aparente indiferencia hacia la situación en Palestina, respaldando con su pasividad y apoyo tácito la violenta ofensiva liderada por el gobierno de Benjamin Netanyahu, el mundo observa con asombro el horror de un genocidio que se desarrolla ante sus ojos en tiempo real. Este conflicto deja en claro que la ONU sirve a los intereses de las potencias del mundo capitalista occidental, y el derecho internacional humanitario se tambalea, desafiando la conciencia global.
A partir de este momento, y de no ocurrir algo sorpresivo, cualquier nación podrá con el beneplácito de Estados Unidos llevar a cabo actos de violencia inusitados, que incluyen la eliminación de familias enteras, el asesinato de civiles, incluyendo niños y ancianos, el bombardeo de hospitales y ambulancias, y la interrupción de servicios públicos esenciales sin afrontar repercusiones significativas.
Esto se está justificando bajo el pretexto de ser una respuesta al terrorismo de un grupo minoritario, estableciendo así un peligroso precedente donde el terrorismo parece combatirse con más terrorismo. Estas tristes circunstancias evocan imágenes de la historia, como el Levantamiento del Gueto de Varsovia en abril de 1943, un momento en que la ONU aún no existía y el caos de la guerra otorgaba a las partes involucradas un amplio margen de actuación.
Antes de proseguir, es crucial aclarar que lo llevado a cabo por Hamas es innegablemente condenable. Lo afirmo de manera tajante: Gaza no equivale a Varsovia, Hamas no representa a Palestina, y los actuales líderes sionistas en el poder no son equiparables a los judíos perseguidos por el Tercer Reich, ni tampoco encarnan al «pueblo elegido» por Dios.
En Colombia, en este momento, la controversia histórica desempeña un papel esencial. Años de ataques sostenidos a la enseñanza de la historia han dado pie a un relato seudocientífico basado en interpretaciones que parecen ancladas en la Edad Media de los acontecimientos. Algunas personas autodenominadas «católicas» se atreven a respaldar las acciones del gobierno de Netanyahu, citando las mismas escrituras y argumentando que Israel tiene un derecho inmutable, sin importar las consecuencias, a reclamar su «tierra prometida» tras dos milenios.
Las teorías apocalípticas se entremezclan con el apoyo al genocidio. Otros, desprovistos de conocimientos sobre la historia del Medio Oriente, que solo conocen a través de su exposición a los principales medios de comunicación nacionales, repiten casi de memoria que Palestina «se lo ha buscado». Es difícil concebir cómo alguien podría celebrar lo que está ocurriendo en el Medio Oriente.
Estas posiciones pueden ser esperadas de la mayoría de los usuarios de Twitter y comentaristas de extrema derecha que inundan las redes sociales con mensajes que carecen de todo sentido común. Sin embargo, cuando periodistas de los principales medios de comunicación presionan al presidente Petro para que respalde a Israel en su matanza de civiles palestinos, la situación adquiere una dimensión aún más preocupante.
No es sorprendente, pero es imperativo contextualizar los antecedentes: el conflicto entre Israel y Palestina no puede en modo alguno equipararse al conflicto interno que afecta a Colombia. Las diferencias entre ambos son notables. Colombia no se encuentra inmersa en un conflicto religioso interno, no ha sufrido la invasión de una potencia militar extranjera y su población no ha experimentado un apartheid, a diferencia de la situación en Palestina.
Desde el 14 de mayo de 1948, cuando la Resolución 181 determinó que parte de lo que legítimamente pertenecía a los palestinos debía ser entregada al movimiento sionista liderado por David Ben Gurion, Israel ha impuesto un conflicto que se ha prolongado hasta nuestros días. En contraste, Colombia se enfrenta a desafíos internos de una naturaleza distinta, lo que hace que cualquier comparación entre ambos contextos resulte inadecuada y simplista.
A lo largo de su historia, las relaciones entre Israel y Colombia se han caracterizado por su relativo distanciamiento. Sin embargo, según los análisis de la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes, Sandra Borda, Colombia estableció relaciones diplomáticas con Israel ya en 1960. A pesar de este hecho, Colombia ha sido una voz constante de protesta en los foros y votaciones de las Naciones Unidas en respuesta a numerosos ataques y ocupaciones israelíes en territorios palestinos. Además, el país sudamericano ha abogado por la neutralidad de América Latina en medio de este largo conflicto.
En sus reflexiones, Sandra Borda subraya una observación perspicaz: «En un acuerdo tácito con otros países en conflicto que suelen violar derechos humanos, como China o Estados Unidos, Colombia casi siempre ha condenado (en la ONU) las actuaciones de Israel para evitarse que la condenen a ella». La política internacional de Colombia ha resultado en un delicado equilibrio entre sus alianzas estratégicas y la defensa de unos supuestos valores éticos en el ámbito global.
Fue a partir de la llegada del uribismo al poder en 2002 que las relaciones entre Israel y Colombia evolucionaron hacia una asociación de «mejores amigos». Este cambio coincidió con el inicio de la «guerra global contra el terrorismo» instigada por George Bush, en respuesta a los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas. A partir de ese momento, en línea con la doctrina estadounidense que llevó al mundo a enfrentar guerras en el Medio Oriente contra un enemigo indefinido bautizado como «terrorismo», el uribismo y el Estado de Israel consolidaron una colaboración militar (y paramilitar) y diplomática, convirtiéndose en los principales aliados de la potencia norteamericana.
Uno de ellos asegurando la influencia geoestratégica, así como los intereses petroleros y económicos de los estadounidenses en la región del Golfo Pérsico y el Medio Oriente, y el otro como el principal enclave de bases militares en Latinoamérica, además de un aliado sólido para el imperio, en una época en la que Hugo Chávez gobernaba en Venezuela. No es casualidad que, durante esa década, el presidente venezolano se refiriera a Colombia como el «Israel de América Latina», un apodo que no alude a su situación económica, sino a su papel estratégico en la región.
Así mismo, La controvertida estrategia de «defensa propia», utilizada desde tiempos de líderes como Hitler y Stalin, ha evolucionado y ha sido reformulada como la «guerra contra el terrorismo» por Estados Unidos, en aras de proteger sus intereses globales. Esta táctica ha sido empleada por gobiernos autoritarios y antidemocráticos en todo el mundo, incluido el controvertido uribismo, para calificar de «terrorista» a cualquier individuo o grupo que contraríe sus intereses.
Los episodios de falsos positivos, las masacres perpetradas por grupos paramilitares, los trágicos bombardeos que afectaron a niños e incluso la descripción de estos menores como «máquinas de guerra» son resultado directo de esta política que fomenta una constante percepción de «amenaza terrorista». La inversión desmesurada en materia militar, que incluye el uso de armamento de origen israelí como el avión KFIR y el fusil GALIL, constituyen ejemplos concretos de la influencia de esta narrativa propagada por la extrema derecha colombiana, así como el origen de la afinidad con Israel en términos diplomáticos.
Este enfoque ha tenido un impacto significativo en la política y la seguridad del país, generando un debate crítico sobre el uso de la terminología «terrorismo» y sus implicaciones en la toma de decisiones gubernamentales.
No resulta sorprendente, por lo tanto, que medios de comunicación colombianos, especialmente las revistas Semana y Dinero, así como el diario El País, todos bajo la propiedad del Clan Gilinski, un grupo económico de origen judío fundado por Isaac Gilinski Sragowicz, quien fue embajador de Colombia ante Israel durante el gobierno de Uribe Vélez, critiquen de manera severa y denigrante la posición del gobierno de Petro en lo que respecta a la cuestión palestina. Estos sectores económicos han demostrado ser aliados inquebrantables de la extrema derecha. Además, ahora cuentan con el respaldo de sectores del partido verde, quienes, como era de esperar, han revelado una postura antidemocrática, proyanqui y neoliberal.
Este grupo intenta imponer un relato en el cual se invisibilizan las víctimas civiles palestinas, buscan equiparar al pueblo palestino con los militantes de Hamas y desean crear una narrativa ficticia que legitime el genocidio palestino a manos de Israel. Esto se hace alegando una supuesta similitud de fuerzas en combate, aprovechando el desconocimiento generalizado en el pueblo colombiano. La manipulación de la información y la narrativa adoptada por estos actores resultan preocupantes y subrayan la importancia de un debate abierto y objetivo sobre asuntos tan delicados como el conflicto en el Medio Oriente.
Las comparaciones resultan inevitables. Israel emerge como una de las economías más sólidas del mundo, ostentando un destacado poder militar, tecnológico y científico, y su PIB se ubica entre los quince más altos del planeta. No obstante, este estatus no se ha alcanzado sin un respaldo económico y militar sustancial de Occidente. La necesidad imperante de establecer un Estado de religión judaica en una región predominantemente musulmana ha llevado a Israel a adoptar una política expansionista que ha impactado negativamente a la población árabe en Cisjordania y Gaza.
A diferencia de estos, la población palestina se encuentra entre las más empobrecidas del mundo, atrapada en una situación de miseria y apartheid. En consecuencia, se desmorona el velo de la ilusión que sugiere que el conflicto entre Israel y Palestina es un enfrentamiento simétrico o proporcional. Por ello, no se pueden comparar los niveles de fuerza aplicados.
Es innegable que el ataque de Hamas contra la población civil es aberrante, condenable y reprochable. Sin embargo, ¿acaso más de siete décadas de humillaciones y abusos infligidos a la población palestina son justificables? Esta pregunta exige una reflexión profunda sobre la dimensión del conflicto y sus consecuencias humanitarias.
Hoy en día, convocar al diálogo como Petro lo hace en busca de una solución al conflicto, abogar por el respeto al derecho internacional humanitario y condenar el genocidio de niños, independientemente de su nacionalidad, es percibido como una afrenta por la extrema derecha y aquellos que esconden sus tendencias fascistas. La transformación de la postura diplomática de Colombia hacia Israel ha desencadenado una crisis en las relaciones bilaterales, como se ha hecho evidente en los acontecimientos recientes.
El presidente Petro declaró: «Si es necesario suspender las relaciones exteriores con Israel, las suspenderemos. No apoyamos genocidios». Esta postura choca con los intereses económicos que se priorizan en la biblia del capitalismo, donde los negocios muchas veces prevalecen sobre las vidas humanas. Al observar a los socios comerciales de Israel y el volumen de comercio en millones de dólares, se comprende el respaldo de las «democracias» occidentales y los principales medios de comunicación al brutal y genocida ensañamiento contra la población civil en la región.
Por ejemplo, para el caso colombiano, en 2021, el comercio con Israel ascendió a más de 413 millones de dólares, siendo el este país el principal socio comercial de Colombia en Oriente Medio.
En resumen, tanto el conflicto interno colombiano como el conflicto israelí-palestino se contextualizan como una consecuencia de las tensiones arraigadas en estos territorios, derivadas de las contradicciones intrínsecas al sistema capitalista. No obstante, es imperativo reconocer que los nuevos matices de la necropolítica implican la administración de la vida y la muerte, junto con la legitimación de la eliminación física de grupos poblacionales y la perpetración de prácticas de limpieza étnica y social. Estas prácticas encuentran su justificación en la doctrina de la «guerra contra el terrorismo».
En última instancia, asistimos a un colapso de las supuestas democracias occidentales y de la concepción de derechos humanos, que, al tornarse selectivos, dejan de poseer un carácter universal. Esta transformación plantea una crisis civilizatoria paralela a la decadencia cultural de la sociedad. Los viejos odios religiosos, raciales y nacionalistas avivan un huracán bélico vertiginoso, lo que indica un cambio de era y de paradigma en nuestro tiempo.
