Un discurso legal sin creatividad

En Colombia, la política de educación inclusiva está reglamentada en el (Decreto 1421 de 2017). Sin embargo, este decreto pretende implementar la educación inclusiva sin plantear nada novedoso ni ofrecer escenarios de diálogo, debate y reflexión. Las consecuencias son evidentes: modelos de inclusión que se traducen en nuevas formas de discriminación.

La decisión de acabar con las aulas especializadas es un camino riesgoso que debe ser tomado en serio. Poner en marcha la educación inclusiva trae nuevos retos que exigen nuevas formas de abordaje. Las preguntas que trae consigo la educación inclusiva necesitan respuestas creativas, políticamente efectivas y éticamente deseables.

Las palabras bien escritas no resuelven problemas complejos

En este documento hay planteamientos de tipo teórico que son irrefutables como la relación constitutiva entre la educación inclusiva con la interculturalidad y la interdisciplinariedad. El problema no es el enfoque ni el alcance de su estructura discursiva. Mas bien me interesan dos elementos problemáticos de tipo práctico relevantes, a saber: la caracterización del “docente de apoyo pedagógico” (DAP) como un trabajador temporal y la insistencia retórica para que las IED faciliten entornos educativos inclusivos, sin tener las condiciones necesarias para su implementación.

En el primer caso, la función docente se ejerce sin las condiciones laborales requeridas para una labor tan importante. ¿Se puede implementar una política educativa tan sensible como la inclusión sin ofrecer condiciones laborales dignas para los docentes? El DAP no es un docente de aula ni un funcionario de oficina, pero tampoco un actor externo a los procesos pedagógicos, más bien ocupa un lugar estratégico que no es reconocido en el discurso legal.

En el segundo caso, la educación inclusiva se convierte en una responsabilidad más para los docentes, en la robusta avalancha de tareas que se presentan diariamente en entornos atravesados por múltiples violencias y desigualdades. Sin el tiempo requerido para reflexionar ni la capacitación necesaria para planificar, el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) se convierten en siglas vacías de contenido; en formatos estériles.

La clave está en los silencios

Para compensar la ausencia de condiciones estructurales y contingentes necesarias para implementar la política de inclusión, se plantea una jugada financiera. El 1421 estipula que cada estudiante en situación de discapacidad registrado en el SIMAT recibirá el 20% adicional. Las entidades territoriales utilizarán este excedente para:

 a) contratar docentes de apoyo pedagógico;

b) contratar intérpretes de señas y tiflólogos y;

c) adquirir herramientas tecnológicas y didácticas pertinentes.

Por supuesto que la inversión económica es necesaria, pero su ejecución debe estar articulada a un proyecto educativo de largo aliento que permita avanzar en una política de educación inclusiva seria y sostenible. Además de la inversión, es preciso desplazar el fetichismo de los discursos (DUA) y sus formatos (PIAR).

El problema no estaría en las proposiciones que contiene la ley sino más bien en sus silencios. ¿Y cuál es la omisión más importante de la ley? Pues invisibilizar el rol activo de los docentes y, más específicamente, omitir la necesidad de alterar las condiciones de la práctica pedagógica. Es una trampa hablar de implementar la política educativa de inclusión sin reformular las funciones de los docentes.

El problema es que se pretende implementar la ley sin afectar temas centrales como la asignación académica de los docentes o la distribución de sus tiempos para planear y capacitarse. En últimas, son los docentes quienes llevan el discurso legal a la vivencia cotidiana; los que convierten la teoría en práctica. Por supuesto que en el decreto se mencionan los docentes, pero para indicar lo que deben hacer. Apenas de forma vaga se mencionan aspectos como los “planes de formación” o la necesidad de “proveer condiciones para elaborar los PIAR”.

Del reloj burocrático al tiempo pedagógico

Para que los docentes de apoyo pedagógico y los de aula pasen de simples “rellenadores” de formatos, se necesita tiempo. Es necesario tener espacios pedagógicos para liderar equipos de trabajo interdisciplinares e interculturales para planear clases, discutir las estrategias didácticas diferenciadas y presentar demandas institucionales conjuntas. Es preciso pasar del reloj burocrático, propio de la educación bancaria, al tiempo pedagógico, indispensable para la inclusión educativa.

¿Acaso la presencia de 1, 2, 3 o más estudiantes de inclusión en un aula no es un motivo suficiente para proponer asignaciones académicas diferenciadas? ¿No sería más coherente que, al elaborar un currículo flexible capaz de atender las divergencias conceptuales entre trastorno, discapacidad y deficiencia, se reconociera la necesidad de destinar mayor cantidad de horas a la planeación semanal?

Implementar una política educativa sin tiempo es como sembrar sin tierra.