En la novela de ficción Dos espías en Caracas, del escritor venezolano Moisés Naím, se despliega una historia de amores, intrigas y conspiraciones ambientada en los años del chavismo. Más allá de su carácter literario, el relato permite identificar dos elementos estructurales que atraviesan la historia política latinoamericana y que siguen marcando nuestro presente: la persistencia del caudillismo como forma dominante de ejercicio del poder y la injerencia —explícita o soterrada— de potencias extranjeras en la política interna de países como Venezuela y Colombia.

El caudillismo no es necesariamente negativo en sí mismo. Como advierte Platón en La República, puede existir un gobierno de uno solo siempre que ese uno sea capaz de comprender, interpretar y orientar su acción hacia las necesidades de la mayoría social y del pueblo.

En contextos de crisis profunda, exclusión estructural y Estados capturados por élites cerradas, los liderazgos fuertes han cumplido un papel movilizador, articulando demandas sociales largamente postergadas y abriendo posibilidades reales de transformación.

El problema surge cuando el proyecto político se identifica exclusivamente con la figura del líder y no logra institucionalizarse ni traducirse en poder colectivo. En esos casos, el liderazgo deja de ser un medio y se convierte en un fin.

Cuando el caudillo muere, se debilita o desaparece de la escena política, la sociedad amplia queda huérfana y el proyecto histórico se fragmenta o colapsa. La experiencia venezolana tras la muerte de Hugo Chávez ilustra con claridad este límite estructural del caudillismo.

En Colombia, la sedimentación de un cambio necesario, urgente y largamente disputado por la sociedad ampliada durante más de sesenta años era, en cierto punto histórico, inevitable. No solo por la acumulación de luchas sociales, políticas y armadas, sino también porque el propio bloque oligárquico comprendió que la negación permanente del cambio había dejado de ser sostenible.

Sin embargo, esta apertura no puede leerse únicamente como una conquista popular. Fue también una cesión calculada del poder, bajo la condición implícita de que el proyecto político del cambio fracasara y permitiera el retorno fortalecido de la derecha tras el gobierno de Gustavo Petro.

En ese contexto, la izquierda y el progresismo colombiano tenían dos tareas urgentes e inseparables. Por un lado, profundizar las reformas históricamente reclamadas por la sociedad: la implementación integral del Acuerdo de Paz con la guerrilla más antigua y numerosa de América Latina, la consolidación de nuevos procesos de paz con las organizaciones insurgentes aún activas, la reforma educativa, la reforma a la salud, la reforma agraria y las transformaciones estructurales en materia laboral.

Por otro lado, debían contener y enfrentar a una oligarquía que, atrincherada en el poder legislativo y judicial, haría todo lo posible por frenar, dilatar o vaciar de contenido esas reformas.

En lugar de fortalecer una base social organizada que presionara desde abajo, el camino elegido por Gustavo Petro fue mover el péndulo hacia la derecha, incorporando figuras como Armando Benedetti y Roy Barreras, bajo la ilusión de que esa alianza permitiría destrabar las reformas en el Congreso.

Esta estrategia no solo fracasó en su objetivo central —las reformas estructurales no se profundizaron—, sino que tuvo altísimos costos políticos. La oligarquía utilizó estas alianzas como un caballo de batalla para erosionar mediáticamente al gobierno del cambio y vaciarlo de legitimidad ante la opinión pública nacional.

Paradójicamente, mientras el gobierno enfrentaba un cerco interno cada vez más agresivo, la figura de Gustavo Petro se consolidaba en el plano internacional. Sus posiciones críticas frente a las políticas de Estados Unidos y sus intervenciones —en muchos casos acertadas— contra la guerra y frente al genocidio que se desarrolla en Gaza le otorgaron un reconocimiento internacional que contrasta con la hostilidad de los grandes medios nacionales.

El corrimiento del péndulo hacia la derecha produjo, como era previsible, fracturas profundas en el campo progresista. Hoy se expresan con claridad tres listas que se reclaman progresistas en el escenario electoral: la del Pacto Histórico, la encabezada por Roy Barreras y la de Fuerza Ciudadana. Esta fragmentación no es solo electoral, sino estratégica.

Fuerza Ciudadana

En Fuerza Ciudadana confluyen partidos y movimientos que han firmado acuerdos de paz con el Estado colombiano, como el Partido Comunista Marxista-Leninista (antiguo partido del EPL), sectores vinculados a la experiencia histórica del M-19 y el partido Comunes, firmante del Acuerdo de Paz con las FARC-EP.

El caso de Comunes resulta particularmente grave: a pesar de haber cumplido irrestrictamente lo pactado, ha sido permanentemente estigmatizado, sus firmantes han sido asesinados y se le ha impedido participar plenamente en el Pacto Histórico.

A estas fuerzas se suman expresiones sociales como el Movimiento Blanco y liderazgos de alto peso político y simbólico, como el del exdirector de la DIAN, conocido como Mr. Taxes, quien puso en el centro del debate la tributación progresiva y la lucha contra la evasión fiscal, y el de Carlos Caicedo, un líder carismático que ha logrado, a través de Fuerza Ciudadana, traducir un proyecto político alternativo en transformaciones concretas frente a las desigualdades históricas de la costa colombiana, particularmente en el Magdalena.

La megalomanía de Gustavo Petro, lejos de potenciar el cambio, terminó por petrificarlo. Muchas de estas fuerzas políticas no tuvieron participación real ni en el gobierno ni en la bancada parlamentaria ni en la construcción del programa político.

El resultado es un progresismo dividido en tres fuerzas: el tradicionalismo reciclado y oportunista de Roy Barreras, con una lista clientelista y burocrática; el Pacto Histórico, debilitado por sus propias contradicciones; y Fuerza Ciudadana, como expresión independiente, crítica y territorial.

El episodio más revelador de esta deriva fue la reciente elección a la Gobernación del Magdalena, donde sectores del Pacto Histórico decidieron aliarse con el Centro Democrático y la derecha tradicional para arrebatarle la gobernación a Fuerza Ciudadana.

Un error político grave que demuestra las ansias de monopolizar la palabra “cambio” y “transformación”, incluso a costa de pactar con quienes históricamente han combatido cualquier proyecto progresista.

Mientras el progresismo se fragmenta, la derecha avanza hacia la unificación, fortalecida bajo figuras como Abelardo de la Espriella y respaldada por una tendencia regional que demuestra, como ocurrió recientemente en Chile, que no está derrotada ni en retirada, sino en proceso de recomposición.

En ese escenario, mientras algunos sectores parecen esperar con ansiedad la victoria de pequeños tiranos, y otros se refugian en gestos grandilocuentes y llamados revolucionarios lanzados desde las redes sociales, la política real sigue cercada en Colombia, atada por los poderes fácticos y por la incapacidad de construir una unidad sólida.

En contraste, figuras como Iván Cepeda, más reflexivas que estridentes, más éticas que caudillistas, aparecen como piezas clave para la articulación de un genuino frente amplio, basado no en el ego ni en la burocracia, sino en la unidad programática y en la fuerza ciudadana organizada.