“El poder surge cuando las personas actúan juntas.”
Hannah Arendt
Soy maestra desde hace más de dos décadas. Hace más de quince años, orgullosamente vinculada al sector público. Soy hija de la educación pública, inemita de corazón, mi secundaria la viví entre movilizaciones del magisterio de días y semanas, de lucha y convicción, acompañada por maestras y maestros que me enseñaron que educar también es resistir, organizarse y defender lo común.
Cuando llegué al sector oficial, luego de superar el concurso de ingreso, uno de mis primeros encuentros con la combatividad docente fue el llamado a una asamblea de docentes en el Colegio Leonardo Posada Pedraza, institución en la que fui nombrada en la jornada de la tarde en el año 2010.
Recuerdo con claridad ese primer momento colectivo: me sentí profundamente orgullosa de la autonomía que ejercían las y los maestros de esta institución, de su capacidad para pensarse como cuerpo colectivo y político, más allá de la lógica individual o meramente administrativa.
Durante una década acompañé y construí junto a ese equipo docente múltiples procesos pedagógicos, convivenciales y organizativos. Defendimos con ahínco el escenario asambleario desde nuestro rol como líderes pedagógicos, como sujetos críticos y como trabajadores de la educación comprometidos con la escuela pública. Frente a medidas verticales de la administración y a decisiones institucionales tomadas sin deliberación, la respuesta fue siempre la palabra colectiva, el debate informado y la construcción conjunta de posiciones.
Sabíamos —y lo seguimos sabiendo— que la asamblea de maestros no hace parte formal de los órganos del gobierno escolar definidos por la Ley General de Educación. Sin embargo, también sabíamos que su legitimidad no proviene únicamente del reconocimiento normativo, sino de una historia de lucha y organización que el magisterio ha sostenido durante décadas.
La asamblea ha sido, y sigue siendo, un escenario de deliberación, de reflexión pedagógica, de lectura crítica del contexto y de construcción colectiva de decisiones que afectan la vida escolar.
Aunque no aparezca de manera explícita en la Ley, la asamblea de maestros se constituye en un espacio legítimo de toma de decisiones porque encarna principios fundamentales de la democracia: la participación, la autonomía, la responsabilidad colectiva y el derecho a incidir en las condiciones en las que se ejerce la labor educativa. No es un acto de rebeldía improvisada; es una práctica política consciente, sostenida y profundamente pedagógica.
En tiempos en los que la administración distrital ha dado múltiples muestras de verticalidad y de imposición, y en los que, de manera reiterada, ha evidenciado una escucha limitada hacia quienes día a día habitamos la escuela y caminamos junto a las comunidades, la unidad no es una consigna vacía: es un imperativo político y ético.
Hoy más que nunca necesitamos reconocernos como un cuerpo colectivo. Al mejor estilo de los espartanos —no desde la épica bélica, sino desde la convicción del cuidado mutuo—, un cuerpo sólido donde el escudo de cada quien protege al otro y se convierte en muralla común. Un colectivo que entiende que su fuerza no está en la acción individual, sino en la cohesión, en la confianza y en la responsabilidad compartida. Ese cuerpo no resiste fisuras provocadas por el miedo, la desinformación o la fragmentación inducida; porque cualquier grieta debilita la defensa de lo público y de la dignidad docente.
Los escenarios asamblearios cobran, en este contexto, un valor aún mayor. Son el espacio donde se construye esa unidad consciente, no acrítica; donde se tramitan las diferencias sin romper el tejido; donde se acuerda colectivamente el rumbo, aun sabiendo que no todas las decisiones serán cómodas para todos. La asamblea no anula la diversidad, la ordena políticamente. No borra las tensiones, las pone sobre la mesa para evitar que se conviertan en rupturas silenciosas.
Defender la asamblea es defender la posibilidad de pensarnos juntos frente a la imposición. Es rechazar la lógica del aislamiento y del “sálvese quien pueda”. Es asumir que la legitimidad de nuestras decisiones no nace de la obediencia, sino del acuerdo consciente, del debate franco y del compromiso colectivo con lo decidido.
Hacernos cargo de las decisiones colectivas, incluso cuando la postura propia no ha sido la mayoritaria, es un acto profundamente ético y consciente. No se trata de renunciar a la crítica ni de silenciar el disenso, sino de comprender que la democracia exige corresponsabilidad. Decidir en colectivo implica asumir que lo acordado compromete al conjunto y que la coherencia política también se expresa en la capacidad de sostener lo común por encima de la comodidad individual.
Este asumir colectivo no es sumisión; es convicción. Es la certeza de que las luchas del magisterio no se han construido desde el capricho personal, sino desde acuerdos tejidos con paciencia, debate y organización. Es apañar, con responsabilidad histórica, décadas de movilización, de defensa irrestricta de la educación pública, de exigencia por la dignificación del ejercicio docente y de construcción colectiva de la escuela como escenario democrático, crítico y transformador.
Cuando honramos las decisiones tomadas en asamblea, incluso en la diferencia, honramos también a quienes lucharon antes, a quienes sostuvieron la escuela pública en condiciones adversas y a quienes entendieron que el poder del magisterio está en su capacidad de actuar como cuerpo colectivo. La asamblea, entonces, no es solo un espacio de decisión: es un compromiso político con la memoria, con el presente y con el futuro de la educación pública.
