He dedicado buena parte de mi vida a la educación pública. Como miles de docentes colombianos, he trabajado en instituciones del Estado, muchas veces lejos de los grandes centros urbanos, convencido de que la educación sigue siendo una de las pocas herramientas capaces de transformar vidas.
Por eso miro con preocupación algunos discursos que comienzan a tomar fuerza en el país. No porque tema al cambio. La educación colombiana necesita transformaciones profundas. Lo que me inquieta es que detrás de ciertas palabras aparentemente inofensivas podrían esconderse decisiones que afectarían directamente a quienes hemos hecho enormes sacrificios para formarnos profesionalmente, y que además podrían tener un impacto silencioso pero profundo en nuestras condiciones económicas y de ascenso.
Quienes vivimos la realidad de la escuela pública sabemos que obtener una maestría o un doctorado no ha sido un camino sencillo. Según datos del Ministerio de Educación, durante décadas el acceso a la formación doctoral en Colombia estuvo concentrado en unas pocas universidades ubicadas principalmente en Bogotá, Medellín y Cali.
Para un maestro de provincia, estudiar significaba, muchas veces, abandonar su trabajo, endeudarse, separarse de su familia o asumir costos imposibles de sostener. En la práctica, el ascenso académico también ha sido un ascenso económico que se gana a pulso, no un privilegio automático.
La virtualidad y la internacionalización cambiaron parcialmente esa realidad. Miles de docentes encontraron en los programas virtuales y en universidades extranjeras una oportunidad que antes no existía. No fue un regalo. Fue el resultado de años de esfuerzo, préstamos, madrugadas, lecturas interminables y sacrificios familiares. Para muchos, ese título no solo representó formación: representó la posibilidad de mejorar salario, escalar en el escalafón docente y asegurar una vida un poco más digna después de décadas de servicio.
Sin embargo, cada vez son más frecuentes las voces que hablan de endurecer las convalidaciones, restringir el reconocimiento de algunos títulos internacionales o someter a sospecha generalizada los estudios realizados en modalidades virtuales. Es cierto que la calidad debe ser vigilada. Nadie discute eso. Pero también es cierto que, históricamente, las barreras académicas suelen afectar más a quienes tienen menos oportunidades, y en el caso del magisterio, esas barreras no solo son académicas: son también económicas.
Porque limitar el reconocimiento de títulos no es un asunto neutral. En Colombia, el ascenso docente está directamente ligado a la formación académica. Cada maestría o doctorado no es solo un logro intelectual: es también un incremento salarial, una mejora en la estabilidad económica y una proyección de vida. En términos simples, tocar la ruta de los títulos es tocar la ruta del salario.
Me pregunto entonces qué ocurriría con los colegas que hoy cursan maestrías y doctorados en el exterior o en modalidad virtual. ¿Qué sucederá con quienes han invertido años de trabajo, créditos bancarios y recursos económicos esperando ascender en el escalafón? ¿Qué mensaje se envía a los docentes que todavía creen que estudiar es una inversión válida para mejorar su futuro?
Existe una pregunta incómoda que pocos se atreven a formular: si un gobierno quisiera reducir el crecimiento del gasto asociado a ascensos y reconocimientos salariales del magisterio, ¿qué medida sería más efectiva que limitar el reconocimiento de nuevos títulos? No haría falta eliminar los ascensos ni modificar abiertamente el escalafón. Bastaría con hacer más difícil el camino hacia ellos.
El efecto sería el mismo, pero sin necesidad de un anuncio explícito. En ese escenario, el impacto sería doble. Por un lado, se frena la movilidad académica del magisterio. Por otro, se contiene (de manera indirecta) el crecimiento salarial derivado de los ascensos. Un ajuste silencioso, casi técnico, pero con consecuencias profundas en la vida económica de miles de docentes que han hecho de la formación su única vía de progreso.
La preocupación aumenta cuando estas ideas aparecen acompañadas de discursos que cuestionan la organización colectiva del magisterio. La historia educativa colombiana demuestra que los derechos laborales de los docentes no surgieron por casualidad. Fueron el resultado de décadas de negociación, movilización y construcción gremial.
Antes de las mejoras salariales, antes de los ascensos y antes de muchas garantías actuales, existieron generaciones de maestros que trabajaron en condiciones mucho más precarias, sin estabilidad y con remuneraciones insuficientes.
No escribo estas líneas desde una postura partidista. Las escribo desde la experiencia de quien sabe lo difícil que es estudiar en Colombia cuando se proviene de regiones apartadas. Las escribo pensando en el profesor que viaja horas para llegar a su escuela, en la maestra que estudia después de terminar una doble jornada y en los colegas que han depositado sus esperanzas en la educación como mecanismo de movilidad social y también de sostenimiento económico.
Quizás estoy equivocado. Ojalá sea así. Pero la historia enseña que los derechos rara vez desaparecen de un día para otro. Generalmente comienzan debilitándose poco a poco, mediante decisiones que parecen técnicas, razonables e incluso necesarias, hasta que sus efectos se vuelven irreversibles.
Por eso vale la pena reflexionar desde ahora.
Porque cuando se cuestionan las convalidaciones, cuando se dificulta el acceso a la formación avanzada y cuando se debilitan las organizaciones que representan a los docentes, quienes más pierden no son las élites académicas. Los que pierden son los maestros de las regiones, los que estudian mientras trabajan, los que se endeudan para formarse, los que han hecho de la educación su proyecto de vida y también su única posibilidad de ascenso económico.
Ojo, profesores: A veces los cambios no llegan como tormenta. Llegan como trámite. Y cuando uno quiere darse cuenta, la puerta ya no está cerrada con candado… sino con requisitos.
