Cuando acepté ser secretario de educación del Magdalena por pedido del entonces gobernador Rafael Martínez, la vida me cambió en un abrir y cerrar de ojos. Dejé Bogotá, renunciando al liderazgo de mi colectivo y el cargo de fiscal de mi sindicato -La ADE, al que había llegado a dirigir por segunda vez gracias a la elección popular de mis colegas-, y tuve que empezar de cero, en una región tan hermosa y maravillosa como compleja y desconcertante al mismo tiempo.
Paradójicamente es una tierra que se aprende a querer rápidamente.
En mi mente, solo rondaba una idea: dejar una huella significativa y positiva en el territorio.
Así fue como aterricé en el aeropuerto Simón Bolívar a mediados de enero de 2024. Rápidamente me dirigí al Palacio Tayrona -sede del Gobierno Departamental-, donde había un consejo de gobierno extraordinario para presentar el nuevo gabinete, – No conocía a nadie a excepción del Gobernador y un par de compañeros de Fuerza Ciudadana, grupo en el que militaba desde hacía unos años-.
El consejo se interrumpió para mí, ya que tuve que atender una manifestación de un grupo de docentes que exigía su nombramiento inmediato, luego de haber ganado el concurso docente varios meses atrás.
Así, empecé a entender la dinámica regional de la administración pública, el día a día te consume sin piedad, relegando el pensamiento de las acciones trascendentales a un segundo plano.
Sin embargo, fue en una sesión de trabajo en la sala de juntas de la SED Magdalena, donde discutíamos los indicadores educativos que alimentarían la construcción del plan de desarrollo del periodo 2024-2027 del Departamento, en medio de una amigable conversación con el líder de calidad educativa y el líder de planeación, surgió esta pregunta:
¿Cuántas Escuelas Normales hay en el departamento?, la respuesta fue contundente: dos, pero ambas están en la ciudad de Santa Marta fuera de nuestra jurisdicción. -En el Magdalena hay tres entidades territoriales certificadas para administrar la educación: el departamento con 28 municipios, Ciénaga y el distrito de Santa Marta.
Si bien estas instituciones son públicas, históricamente se han encargado de formar los hijos e hijas de las clases medias samarias que evitan pagar un colegio privado, saben con conocimiento de causa, que la formación en esas instituciones garantiza buenos resultados en las pruebas censales y también en las pruebas de ingreso a la universidad pública, facilitando el tránsito de la secundaria a la universidad.
Lo que también era claro es que esos padres y madres de familia – muchos docentes del sector público- no matriculan a sus hijos para que sean maestros, en ese orden de ideas, la formación pedagógica solo sirve como complemento de los conocimientos necesarios para desarrollar otra profesión. Ahora bien, esas dos Escuelas Normales no llegan al resto del departamento, dejando la formación de los jóvenes docentes en manos de otras instituciones.
Cabe resaltar que el Magdalena, a pesar de sus riquezas naturales y humanas, es un departamento caracterizado por una ruralidad dispersa, un índice de pobreza legendariamente abrumador y una desigualdad sin parangón en el Caribe.
En ese contexto, llegamos a la conclusión que se necesitaba con urgencia un espacio en la ruralidad para la formación docente, con una impronta diferente a la de la carrera universitaria, es decir, queríamos llegar a las personas más excluidas y darles la oportunidad de formarse como maestros para y en su territorio, así que con gran expectativa redactamos colectivamente el indicador que da vida a un proyecto realmente revolucionario: Crear (1) Escuela Normal Superior del Departamento del Magdalena.
En ese instante, llegamos a una gran conclusión: lo más difícil de la política pública no es redactarla, sino materializarla.
Con la anterior máxima nos pusimos manos a la obra, lo primero que se hizo fue hacer una convocatoria interna con los rectores y rectoras del departamento (153), invitándolos a re-conocer cómo funcionan las normales superiores y qué tendríamos que hacer para construir una, puedo decir que por lo menos la mitad de los directivos docentes atendieron el llamado, decantándose hasta un tercio de las instituciones educativas del departamento interesadas.
El siguiente paso fue la formación, y acá cabe resaltar el rol que juega el acompañamiento de la docente Astrid Munar, una compañera experta y activista en defensa de las Escuelas Normales en el país, con ella tuvimos un par de encuentros virtuales para que los rectores conocieran a fondo el trabajo que les representaría la construcción de una nueva Escuela Normal Superior, esas charlas fueron animadas y constructivas.
A la par, con el equipo directivo de la SED – Calidad Educativa, Administrativa y Financiera, Inspección y Vigilancia, Planeación, Cobertura y Asuntos Legales- se revisaron otros aspectos más técnicos en términos de instalaciones, personal y dotación, pero sobre todo, el impacto en la ruralidad del departamento, al final del proceso de indagación, investigación y condiciones.
Se eligió el Liceo Ariguaní, institución del centro del Magdalena, la rectora Katriem Romero asumió el reto desde la primera reunión hasta el presente para sacar adelante este proyecto.
Con la institución elegida, seguía la fase de construcción de un proyecto educativo revolucionario, algo realmente importante para lo que se quería proyectar con los egresados de la Normal, así que, con el consejo y experiencia de Javier Darío Vélez como asesor del despacho –curtido exdirigente sindical y firmante del decreto 2277- llegamos a referentes conceptuales que podrían darle alas a los futuros normalistas, Paulo Freire y Orlando Fals Borda, pedagogía liberadora y pedagogía crítica fueron elegidas por Katriem y su equipo.
Y como el enseñar es más fácil en la práctica experimental que en la teoría, programamos una visita a la Escuela Normal del Alto Sinú en Tierralta, Córdoba, la primera en el siglo XXI; allí fuimos recibidos por el rector y su cuerpo docente con gran hospitalidad, nos contaron su historia, sus retos, pero sobre todo sus dificultades.
Hasta hoy, dos experiencias contadas por sus protagonistas retumban en mi memoria:
La primera tiene que ver con esa ruptura arribista entre clases sociales.
Dijo el rector: “Por primera vez en la institución, en la puerta de entrada se entremezclan los hijos de los gamonales en sus “Toyotas” y los campesinos de a pie”. Algo fundamental para romper el imaginario de la educación pública como exclusivamente para los pobres, ese mal llamado apartheid educativo denunciado en el texto la Quinta Puerta.
Cabe anotar que ya muchos colegios públicos del país avanzan hacia el multiestrato, jalonados por proyectos educativos que responden a las necesidades de sus comunidades, esto finalmente se ve reflejado en los resultados de los estudiantes.
Ese es el ideal de quienes defendemos la escuela pública, pero eso no es sencillo, ni fácil, por eso los actuales congresistas de la ultra derecha, que con cantos de sirena vociferan soluciones mágicas para mejorar la educación, ya sea con evaluaciones retrógradas o despidos masivos, no entienden la realidad del país y mucho menos las soluciones que necesitamos. A problemas complejos, no podemos darles soluciones simplistas.
El segundo momento que me marcó en la Normal de Paz de Tierralta no fue del rector, sino de una maestra comprometida en la construcción de la Normal cordobesa,- ella había ganado el concurso docente para enseñar allí en el ciclo complementario- en una de las charlas que teníamos. Le contaba que había sido profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y que era muy duro con los estudiantes que abiertamente desechaban la escuela como escenario laboral.
Les argumentaba que la educación pública necesitaba docentes jóvenes comprometidos con la realidad de este país, y que, si eso no les interesaba, pues que se cambiaran de carrera.
La docente realmente cuestionó con firmeza y sencillez mi postura. Planteó que en la educación rural dispersa nunca le diría eso a sus estudiantes de la Escuela Normal. Si bien, entendía que la idea era tener docentes de la región sacándola adelante, me hacía caer en cuenta que, para muchos, esta era su única oportunidad de educación pos secundaria que tendrían, y que, si al final no decidían ejercer, por lo menos habían tenido la oportunidad de aprender.
Esa visita fue realmente reveladora para nosotros (Katriem, Javier Darío, Manuel Marín y mi persona), ya que llegamos con un horizonte de trabajo más aterrizado, y con más ganas de sacar este proyecto adelante.
Inmediatamente nos reunimos con el área de Calidad Educativa y se designó precisamente al funcionario Manuel Marín para que asumiera el rol de acompañamiento directo entre la futura Escuela Normal y la SED en todo el proceso que se venía de construcción de documentos y posteriores visitas de pares académicos.
Se produjeron visitas que arrojaron correcciones inevitables y pertinentes, al final del día, la mayor carga de trabajo recayó en la rectora y su equipo docente con un apoyo y seguimiento efectivo de la SED Magdalena.
Después de dos arduos años de trabajo en el departamento, mi ciclo liderando la cartera de educación terminó y retorné a Bogotá a superar un problema médico, sin olvidar nunca la tan anhelada aprobación de la Escuela Normal.
Pasaban los meses y la noticia no se daba, correcciones de último minuto frenaban su aprobación. Katriem llevó al límite su dedicación en medio también de problemas médicos; ya sin la ayuda de Manuel, que había pasado a buen retiro por edad -El Magdalena perdía un gran funcionario-.
Por fin, el 28 de julio de este año con el número 019433, firmado por el entonces viceministro de Educación Superior Ricardo Moreno Patiño-otro amigo de la Normal- se daba vida a la primera Escuela Normal Superior del Magdalena: ENS Liceo Ariguaní.
Desde entonces no hago sino pensar en lo que significa ese documento, la posibilidad para que cientos y en poco tiempo miles de hijos e hijas de campesinos puedan tener la oportunidad de formarse como maestros en su tierra, sin tener que pasar la penuria de abandonar su terruño para poderse profesionalizar.
También pienso en el impacto para un municipio donde no hay sedes universitarias, la gran oportunidad para el sector rural, si bien el Liceo está en el casco urbano, serán muchas las familias campesinas del municipio y de los alrededores los que se verán beneficiadas.
Finalmente, hay que decirlo sin titubear: la administración pública en Colombia es un reto, incluso desagradecido, pero lograr sueños como estos, que perdurarán más allá de un plan de desarrollo, un gobernador, un secretario e incluso una rectora, es la demostración de que cuando se tiene el poder, este debe estar al servicio de las comunidades.
En conclusión, serán ellas, con el paso del tiempo, las que dirán si lo que hicimos valió la pena, o no.
ADENDA: Agradecimientos especiales a la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, la Corporación Universitaria Americana y la Universidad Pedagógica Nacional por sus aportes en este trabajo.
