Cumplido 30 años de la aprobación de la Ley de Comunidades Negras o Ley 70 (del 27 de agosto de 1993), en términos de balances podemos atrevernos decir que hay aspectos positivos y otros por mejorar. En un repaso del soporte jurídico de esta Ley, podemos decir que esta permaneció estática en muchos de sus aspectos hasta la llegada del nuevo gobierno del cambio de Gustavo Petro presidente y Francia Márquez vicepresidenta. Lo anterior se afirma porque es con ellos que se logra desempantanar su reglamentación, lo cual era una meta que se había propuesta dicho Gobierno. Por tanto, se ha llevado a feliz término en el primer año la protocolización de los capítulos IV y V con el Espacio Nacional de Consulta Previa. Quedan a la espera lograr la reglamentación de los capítulos, VI y VII en su totalidad.
Por otro lado, se han logrado avances en lo concerniente a la Consulta Previa con el funcionamiento del Espacio Nacional de Consulta Previa, ordenando en el primer Congreso del Pueblo Negro realizado en Quibdó (agosto de 2013). Igualmente, se ven como positivos la serie de decretos en favor de estas comunidades en especial lo relacionado con las víctimas. De hecho, también en diversas administraciones locales (alcaldías y gobernaciones) se han aprobado políticas públicas hacia las poblaciones negras afrocolombianas, palenqueras y raizales. En la actualidad se están implementado políticas de enfoques diferencial en diferentes instituciones de varios ámbitos, entre otros avances después de la creación de la Ley 70 de 1993.
En la actualidad, el balance a realizar con este nuevo Gobierno de corte progresista es diferente a los anteriores, porque estos eran percibidos y concebidos como contrarios a los intereses del pueblo. Al ser impulsado desde las bases, el actual Gobierno tiene la gran tarea de abogar por las comunidades menos favorecidas. En este orden de ideas, es necesario revisar cuáles de las históricas reivindicaciones de la Ley 70 y del pueblo afrocolombiano están vigentes y cómo se pueden materializar.
El caso de Bogotá y sus gobiernos progresistas puede ser un ejemplo de cómo interpretar la Ley 70 y las reivindicaciones del pueblo afrocolombiano, negro, palenquero y raizal. En esta ciudad se realizaron avances significativos en lo político y jurídico; esto con menos esfuerzo en comparación con otras administraciones locales y departamentales, porque se conectan con los enfoques progresistas que han dirigido la ciudad, logrando la implementación de políticas públicas, acciones afirmativas y avances en acciones antidiscriminación. En la última administración se llevaron a cabo más de 700 acciones afirmativas de diferentes índoles, aunque todavía falta para que Bogotá sea “Digna” para esta población y los más vulnerables.
En la actual coyuntura electoral creo pertinente profundizar en algunas acciones que sirvan de ejemplo en el país y que se pueden impulsar desde las administraciones locales de la mano con sus corporaciones legislativas. Para el caso capitalino, se deben crear unas políticas antirracistas que coloquen en el debate público el problema del racismo y su tipificación como delito. Se debe colocar en la mesa del debate el problema del racismo en la educación y cómo este corre el riesgo de ser minimizado desde los espacios académicos, particularmente con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.
Además, es hora de que se adopte un plan de empleabilidad diferenciada y porcentual real donde por lo menos el 10% de empleos sean para poblaciones étnicas. Se requiere también un plan de vivienda para estas poblaciones, y por último las incorporaciones de las prácticas de salud y una política de mínimo vital para los servicios públicos en estratos más necesitados.
Hoy la Ley 70 tiene que continuar siendo un faro que alumbra el devenir de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Pero nos corresponde a nosotros aportar a su contextualización con el momento político y social actual, sin olvidar otros faros que deben llevarnos a un empoderamiento político organizativo que aporte a la construcción de una nueva agenda política, en la que el resultado para todo y en particular para la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera sea el buen vivir.
