La crisis de la salud en el país golpea fuertemente también al magisterio. El llamado régimen especial, que ha sido bastante criticado desde su nacimiento, ha dado pocos resultados y menos beneficios.

Más allá de no cancelar los famosos copagos que enfrentan los usuarios de las EPS, la realidad es otra.

En los pasillos de la sala de profesores es común escuchar frases que reflejan el sentir colectivo: «nuestro servicio de salud es especial… especialmente malo», o incluso, con ironía amarga, «mejor tener al día el seguro funerario». No son exageraciones: son la manera en que muchos docentes nombran una experiencia cotidiana marcada por la frustración.

Pero hay datos oficiales que agravan el panorama. Según el boletín del FOMAG, el magisterio colombiano no solo es mayoritariamente femenino (63,6% de 340.686 docentes), sino que además el 77% del profesorado está en etapa de adultez, entre los 29 y 59 años.

Es decir, estamos frente a un sector laboral altamente envejecido, con mayores riesgos en salud y que requiere una atención oportuna, preventiva y de calidad.

Sin embargo, la realidad va en contravía. En ciudades como Bogotá, las cifras indican un aumento en el número de incapacidades docentes, lo que no puede leerse de forma aislada. Y eso que aún no hemos entrado en un estudio serio sobre la salud mental del magisterio, un tema del que poco se habla, pero que cada vez es más evidente en las escuelas.

Con el cambio de modelo se generó una expectativa legítima de mejora. No obstante, no ha sido posible. El modelo, en el papel, aguanta absolutamente todo, pero en su implementación hubo un sabotaje sistemático. No desde la Junta del Fondo Nacional de Prestaciones, sino desde quien ejecutaba: la Fiduprevisora.

Una entidad que, según convenga, es pública o privada —aunque más del 95% pertenece al Ministerio de Hacienda— y que ha terminado siendo escenario de prácticas que no solo afectan la salud, sino también pensiones y cesantías. Esa situación ha impedido avanzar.

A esto se suma un hecho gravísimo: clínicas de renombre prestaron servicios al magisterio durante algunos meses y luego se retiraron por incumplimientos en los pagos. Es decir, ni siquiera el sistema logra sostener una red estable de atención.

Y, mientras tanto, el gobierno, en medio de múltiples frentes, no logró resolver de fondo esta situación. A pocos meses de terminar, apenas se hacen ajustes tardíos.

Por eso, es urgente que un próximo gobierno progresista le ponga la lupa desde el inicio a la salud del magisterio.

Porque lo cierto es que hoy a muchos docentes del sector público les descuentan sumas importantes para salud, pero aun así terminan pagando de su bolsillo medicina prepagada o planes complementarios para poder ser atendidos con dignidad.

La Hojarasca te pregunta:

En medio de los retos del sistema de salud, muchos docentes han optado por alternativas como medicina prepagada o planes complementarios.

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