La flexibilización laboral también viene por los maestros
Terminó la campaña electoral y comenzó el tiempo de las decisiones. Ahora es cuando las consignas se convierten en políticas públicas y las promesas en actos de gobierno. Por eso vale la pena recordar algo que durante meses se dijo, se debatió y se advirtió: detrás de los discursos sobre eficiencia, competitividad y crecimiento económico suele esconderse una vieja receta que América Latina conoce demasiado bien: la flexibilización laboral.
No se trata de generar pánico ni de anunciar catástrofes anticipadas. Se trata de leer las señales.
Uno de los primeros documentos que comenzó a circular tras la elección del nuevo gobierno destaca la flexibilización laboral como uno de los motores para impulsar el crecimiento económico. La tesis no es nueva. Es la misma que inspiró buena parte de las reformas promovidas bajo el llamado Consenso de Washington durante los años noventa: reducir costos laborales para estimular la inversión y la generación de empleo.
Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que la realidad fue muy distinta. Lo que se flexibilizó no fue la economía sino la vida de millones de trabajadores. Se precarizaron las condiciones laborales, aumentó la inestabilidad en el empleo y se trasladó una parte importante de la riqueza producida por los trabajadores hacia los sectores empresariales.
La promesa siempre fue la misma: menos derechos laborales producirían más empleo. Los resultados nunca fueron tan claros.
Durante más de dos décadas los trabajadores colombianos vieron reducidos derechos asociados a los recargos nocturnos y dominicales. Se les dijo que era necesario para aumentar la competitividad. Mientras tanto, los grandes beneficiarios fueron los empleadores, que durante años redujeron significativamente sus costos laborales.
Recuperar esos derechos tomó más de veinte años de lucha social, sindical y política.
Por eso, cuando hoy vuelve a hablarse de flexibilización laboral, los maestros debemos prestar atención. Porque aunque algunos creen que estas medidas afectan únicamente al obrero industrial o al trabajador de servicios, la realidad es que terminan alcanzando a todos los sectores que viven de su trabajo, incluidos los docentes.
En educación existe un antecedente muy claro
El artículo 11 del Decreto 1850 de 2002 establece que los docentes y directivos docentes deben cumplir una jornada laboral de ocho horas diarias dedicadas al cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, la norma nunca dispuso que la totalidad de esas ocho horas debieran desarrollarse dentro de la institución educativa.
Durante años distintos gobiernos intentaron convertir esas ocho horas en tiempo completamente presencial dentro de los establecimientos educativos. No pudieron hacerlo gracias a la resistencia del magisterio y a la defensa organizada de sus derechos laborales.
Posteriormente, el Decreto 0277 de 2025 precisó esta discusión al establecer que la jornada laboral docente continúa siendo de ocho horas diarias, de las cuales seis deben desarrollarse de manera continua en la institución educativa, mientras el tiempo restante puede destinarse a las múltiples actividades pedagógicas inherentes a la profesión docente.
No se trata de un privilegio
Planear clases, evaluar procesos, elaborar materiales, atender familias, revisar trabajos, desarrollar proyectos pedagógicos, actualizarse profesionalmente y preparar estrategias de enseñanza también hacen parte del trabajo docente.
Quien crea que el trabajo de un maestro comienza y termina cuando entra o sale del salón de clase simplemente desconoce la naturaleza de la profesión.
Lo paradójico es que muchas de las garantías que hoy protegen al magisterio fueron fortalecidas precisamente durante el gobierno que acaba de terminar. La reglamentación más clara de la jornada laboral docente, el reconocimiento del descanso pedagógico y otras medidas que brindaron mayor seguridad jurídica al trabajo educativo fueron producto de años de movilización y negociación.
Por eso resulta inevitable preguntarse cuánto tiempo permanecerán vigentes bajo una administración que parece asumir la flexibilización laboral como uno de sus principales horizontes políticos y económicos.
Porque si el objetivo consiste en aumentar la productividad reduciendo costos laborales, es difícil imaginar que conquistas como el descanso pedagógico, la jornada regulada o el reconocimiento del trabajo pedagógico no presencial no entren en la discusión.
Y el asunto no termina allí.
También preocupa la orientación que podría asumir la política educativa nacional bajo el liderazgo de una ministra identificada públicamente con posiciones religiosas profundamente conservadoras.
La educación pública colombiana se construyó sobre principios fundamentales como la libertad de cátedra, el pluralismo, la autonomía escolar y el respeto por la diversidad de pensamiento. Esos principios no son simples formalidades jurídicas; son condiciones indispensables para la existencia de una educación democrática.
Por eso surgen preguntas legítimas.
¿Podrá mantenerse intacta la libertad de cátedra cuando las máximas autoridades educativas asumen visiones ideológicas o religiosas excluyentes? ¿Se respetará la autonomía profesional de los docentes? ¿O veremos intentos por imponer determinadas concepciones morales, religiosas o políticas desde el aparato estatal?
La función de la escuela pública no es producir creyentes obedientes ni militantes disciplinados. Su misión consiste en formar ciudadanos críticos, capaces de pensar por sí mismos, debatir ideas y comprender la complejidad del mundo.
Cuando se debilita la libertad pedagógica, la educación deja de formar ciudadanos y comienza a formar seguidores.
Por eso la discusión que hoy enfrentamos va mucho más allá de salarios, horarios o prestaciones.
- Estamos discutiendo el modelo de educación que tendrá Colombia durante los próximos años.
- Estamos discutiendo el futuro de los derechos laborales del magisterio.
- Estamos discutiendo la permanencia de las organizaciones sindicales que históricamente han defendido la educación pública.
Durante la campaña se atacó reiteradamente a FECODE y a las organizaciones sindicales. Se quiso instalar la idea de que el problema eran los sindicatos. Sin embargo, los dirigentes pasan y las organizaciones permanecen.
Los sindicatos son mucho más que sus directivos de turno. Son miles de trabajadores organizados para defender derechos colectivos construidos durante décadas de lucha.
Los dirigentes pueden equivocarse. Las organizaciones también pueden cometer errores. Pero la historia demuestra que cuando los trabajadores renuncian a organizarse, quienes celebran no son precisamente los trabajadores.
Por eso el desafío que viene exige menos pasiones electorales y más conciencia colectiva.
Debemos estudiar, informarnos, organizarnos y prepararnos para defender lo que generaciones enteras conquistaron antes que nosotros.
Porque los derechos laborales pueden tardar décadas en construirse y apenas unos pocos años en desaparecer.
Y porque si algo enseña la historia es que la precarización laboral nunca llega anunciándose como precarización. Siempre llega disfrazada de modernización, eficiencia o crecimiento.
Por eso hoy, más que nunca, vale la pena recordar aquella advertencia que muchos prefirieron ignorar:
Se les dijo y se les advirtió.
