Hace 60 años, 86 docentes caminaron un mes desde Santa Marta hasta Bogotá para reclamar 8 meses de salario que les adeudaban. El ministro de la época declaró que los recursos para pagar los salarios de los docentes habían sido girados, pero estos habían terminado en las manos de los amigos politiqueros del gobernador de entonces.
«La Marcha del Hambre», como la denominaron, puede ser entendida como el punto de partida del magisterio como sujeto político. No porque antes no existiera, sino porque por primera vez el país se detuvo para pensarse el trato que recibían sus docentes, personas abnegadas, humildes, trabajadoras y sobre todo con la convicción pedagógica para transformar la sociedad a través de la educación.
Los marchantes fueron vitoreados, aplaudidos y respetados por todo el país; aumentaron el afecto de la sociedad hacia el magisterio y sus organizaciones sindicales. Colocaron la primera piedra para organizar la administración y financiamiento de la educación pública con los FER, el estatuto docente, el movimiento pedagógico, la constituyente, la ley 115. En fin, éramos la conciencia de la nación.
Hoy todo eso ha cambiado. Los maestros y maestras recibimos el salario antes de terminar el mes; poco a poco se ha nivelado luego de sendas luchas por la dignificación docente. Así mismo, hemos alcanzado altos niveles de cualificación a través de maestrías y doctorados, títulos académicos nunca antes vistos. Pero los resultados en pruebas no mejoran y eso preocupa más y más, no solo a los padres y madres de familia, sino a todo el país.
Si bien el magisterio se esfuerza cada día para que esto se transforme, ningún experto serio en educación sería tan irresponsable de achacarle los bajos resultados únicamente a los maestros. Esto ocurre cuando no se tienen en cuenta factores externos que no podemos controlar, como el acompañamiento de las familias, el compromiso de los estudiantes, el capital cultural, las condiciones socioeconómicas, la violencia y muchos otros, que determinan el éxito o el fracaso del pupilo.
Ahora bien, no quiero dejar de un lado nuestra responsabilidad frente a los resultados en educación. Hay docentes que no hacen bien su trabajo y eso no es ningún secreto. Como en cualquier sector u organización, eso le ha hecho mucho daño al gremio. Sin embargo, no podemos enterrar irresponsablemente el trabajo de miles de colegas, que han convertido sus aulas en espacios de esperanza entre tanta miseria y violencia.
De hecho, los enemigos de la educación pública han construido una matriz mediática muy consistente en contra del magisterio, aprovechando no solo los errores propios, sino los factores antes descritos que no controlamos. Asimismo, la dignificación de la profesión es vista como un privilegio en comparación con las precarias condiciones laborales de los docentes del sector privado, hoy en crisis.
La estrategia contra la educación pública inició hace más de 30 años con su desfinanciamiento. Eso hizo que poco a poco el presupuesto de inversión cayera a cifras mínimas, menos del 6%. El resultado fue presentar a los docentes como un gasto abultado y las instituciones cayéndose por falta de presupuesto.
La solución es sencilla: privatización, bonos escolares y concesiones, estrategias fallidas en países como Chile, pero que desplazaron cuantiosos recursos del sector público hacia la industria educativa privada. Todo eso terminó en una rebelión de los jóvenes secundaristas conocida como la «Revolución de los Pingüinos», antecedente clave del posterior estallido social en el país austral.
A los defensores de la privatización poco o nada les interesan los niños, niñas y jóvenes, sus aprendizajes o bienestar, menos los maestros, las escuelas, las dotaciones tecnológicas, las universidades.
Ellos, con un falso discurso, representan los intereses de los negociantes de la educación y eso es lo que pretenden promover desde el gobierno nacional y el congreso: terminar de asfixiar la educación pública que se recuperaba financieramente con el anterior gobierno (pueden revisar los últimos giros a los Fondos de Servicios Educativos, que no son otra cosa que los recursos que les llegan a las instituciones).
Para lograr sus objetivos, estos políticos han exacerbado el odio contra el magisterio y FECODE. Lograron con su campaña de desprestigio poner en peligro a miles de docentes en zonas de conflicto del país, pero también fomentando una agresividad que termina en violencia contra servidor público en las ciudades. A esto hemos llegado.
De modo que el borrador de decreto 1075 que regula la educación en Colombia abre un boquete para la desfinanciación, lanzándole un salvavidas a las escuelas privadas. Dejar sin efecto las circulares del Ministerio de Trabajo es otro indicio de lo mucho que les molestan los derechos laborales. Pretender criminalizar la protesta y pretender volver a ser la mascota del capital extranjero son suficientes motivos para salir a las calles.
Finalmente, 60 años después, los maestros seguimos en la calle intentando volver a ser la conciencia de la nación. Tal vez ya no con hambre, pero sí con la claridad ética de lo que debe ser un gobierno del pueblo. Con muchas conquistas aún por conseguir y errores que enmendar, pero anhelando que sea el momento para que, como al final de la marcha, todo el país se detenga a pensarse la educación pública de hoy y mañana.
Es paradójico, pero paramos para avanzar, así como los marchantes avanzaron para detener el país.
