Hoy el debate público sobre el acceso al derecho a la salud está para alquilar balcón, o en mi caso, cama hospitalaria.
El ministro de salud dando explicaciones ante la Corte, la cadena de droguerías Cruz Verde anuncia que no dispensará más medicamentos a la EPS Sanitas; mañana habrá paro del magisterio por las fallas en la implementación del modelo; los mercaderes del negocio en cabeza de la ANDI manifestaron no tener ninguna responsabilidad con la crisis; la Universidad de Antioquia acaba de detectar más de 30 médicos graduados haciendo fraude para ingresar a una especialización y, si bien nada justifica esos actos, lo cierto es que el déficit de especialistas es una catástrofe humanitaria.
Este escenario no es nuevo y el sistema procreado por la ley 100 nació en crisis y seguirá así hasta que exista una reforma real y consciente del sistema. Pero la verdad, no quisiera hablar de las enmarañadas circunstancias que rodean este asunto; son tantas las versiones que, como dijo un curtido oyente de noticias: “ya no se sabe a quién creerle”.
En ese sentido, quisiera dejar de un lado la megaestructura de la maloliente política para retomar el drama humano que significa enfermarse en este país, donde estoy seguro de que solo un puñado privilegiado tiene acceso realmente a una salud digna.
En ese orden de ideas, debo decir que he sido más bien un sujeto sano, que aporta a salud y pensión desde los 19 años —ahora tengo 44— y, por ende, creo que tengo el derecho a exigir no solo un buen tratamiento médico, sino que he pagado con creces por él.
Sin embargo, hoy me aqueja un cáncer linfático que, aunque curable, me ha hecho padecer todo lo que el sistema te ofrece como paciente: barreras de acceso, indiferencia, demoras; en fin, la senda normal de cualquier parroquiano sin heraldos y apellidos pomposos.
De alguna u otra manera llega uno al tratamiento, con llamados de urgencia a los conocidos para poder obtener lo más rápido posible el procedimiento, y allí, en medio de la angustia de la curación, no encontramos las palabras para describir el malestar, las náuseas, la maluquera y todo lo que experimenta el cuerpo que busca sanarse y donde el sujeto no quiere sufrir.
Ya lo diría Virginia Woolf: “Una joven estudiante, cuando se enamora, tiene a Shakespeare o a Keats para darle voz a sus pensamientos; pero dejemos que un sufriente intente describir el dolor en su cabeza a un doctor y el lenguaje de inmediato se seca. No hay nada listo para él.”
No hay nada listo para el enfermo —ni palabras—; lo que sí hay es el descuento del 33% de su salario. Los humanistas neoliberales tan de moda otra vez dirán: «pero agradezca que le pagan sin trabajar, el enfermo es enfermo porque quiere». Entiendo que, con la crisis actual, abrir otro frente de debate frente al descuento por incapacidad pareciera hacerse con alevosía, pero tiene que ser un punto para considerarse en la futura reforma a la salud. Lo dijo el ministro Jaramillo: venga el que venga, deberá hacerse reforma.
Y, pues, como activista y paciente me tomaré la molestia con este tema, ya que es ilógico disminuir los ingresos de quien, en un alto grado de vulnerabilidad, debe luchar con sus enfermedades y por sus deudas. No es de poca monta que el tratamiento farmacológico es más efectivo con un buen ánimo. ¿Y qué buen ánimo tendrá alguien que no puede cubrir sus gastos mensuales?
Pongo un ejemplo: estar enfermo requiere desplazamientos adicionales a citas —que no están al lado de la casa—, exámenes, laboratorios, así como una mejor alimentación, acompañamiento extra, medicamentos y suplementos necesarios para llevar este proceso.
De la noche a la mañana se eleva considerablemente el costo de vida, situación más que paradójica, es trágica y va directamente en contravía con el descuento del salario.
Así es, la enfermedad es la gran miseria humana y, sin los recursos necesarios, más miserable aún. Entiendo, desde la perspectiva del Estado y del sindicalista, que es posible que ese 33% de descuento del salario (50% después de los noventa días de incapacidad) que se le arrebata al trabajador enfermo pueda ser cubierto, como ya sucede en otros países.
Habrá que profundizar el análisis y las propuestas, pero me niego, como militante de izquierda, a no buscar la ampliación de los derechos; esa será nuestra senda hasta que la salud nos lo permita.
Finalmente, quisiera cerrar este texto con un agradecimiento infinito a los funcionarios y profesionales de la salud en Colombia, sobreexplotados, cansados, con 3 y 4 turnos seguidos. Gracias por salvar vidas, gracias por curar, gracias por paliar el dolor.
Entiendo que no puedan afligirse por cada calamidad y parecer duros, pero es comprensible la carga que tienen. El paciente también la tiene y ambos, estoy seguro, quieren lo mismo: SALUD DIGNA.
